El Gobierno exige a Almeida que salve a Maricarmen pero ordenó a Casa 47 no comprar pisos en esa situación
La ministra de Vivienda ha declinado explicar a los medios por qué no han podido comprar la casa y evitar el desahucio
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha tropezado con sus propias normas una vez más. En esta ocasión, la incoherencia ha llevado al Ejecutivo a pedir con fervor que el Ayuntamiento de Almeida salve a Maricarmen cuando, a su vez, incluyó una orden específica en los pliegos de su empresa pública de Vivienda, Casa 47, para no comprar bajo ningún concepto pisos en esa misma situación.
Pese a ello, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado públicamente que desde Casa 47 han intentado comprar la casa para evitar el desahucio de esta vecina madrileña de 87 años, pero ha evitado decir por qué no han llevado a cabo la operación.
Lo que no ha explicado el Gobierno es que no han podido porque ellos mismos quisieron evitar mancharse las manos con estas polémicas añadiendo por contrato no comprar con sus más de 100 millones públicos viviendas con «cargas y gravámenes de cualquier naturaleza, arrendatarios, ocupantes, precaristas u otras personas con derechos de uso o tenencia».
En los pliegos de condiciones que regían la compra de viviendas por parte de la empresa pública para sacarlas al mercado en forma de «alquiler asequible» este periódico ha podido consultar que un párrafo concreto prohibe adquirir pisos como el de Maricarmen. El departamento de Rodríguez evitaba así intervenir en pisos con inquilinos o inmuebles con cargas de ningún tipo.
El Ejecutivo quería las viviendas vacías y libres de problemáticas que pudiesen perjudicar su posterior arrendamiento. Ahora, por tanto, se ven con las manos atadas y, lejos de reconocer su culpa, vuelcan la culpa sobre otras administraciones públicas.
Exigen medidas a Almeida y Ayuso
De nuevo los de Sánchez han escurrido el bulto volcando en la oposición la responsabilidad de evitar este desahucio. Esta vez porque ni ellos mismos se plantearon actuar en consecuencia y salvar a los ciudadanos en casos como este cuando crearon la entidad pública.
De hecho, Rodríguez ha querido señalar este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el desahucio de Maricarmen, acusándole de poner «alfombra roja a los fondos buitre» como el que ha adquirido la casa en la que esta anciana vivía hasta ahora pagando un alquiler de renta antigua:
«Nos hemos puesto en contacto con la empresa para hacerles entender que por encima de su interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Maricarmen; hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares», ha relatado.
La ministra de Vivienda no ha querido responder a las preguntas de los periodistas qué ha impedido al Ejecutivo comprar esta casa. Únicamente ha señalado de forma genérica que «la empresa se cachondea de las administraciones públicas» y que «hay quien está trabajando en la dirección contraria». No señala, en ningún caso, que los pliegos de su propia empresa pública de Vivienda le prohibe hacerlo.
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