Vecinos de Castro Urdiales pueden perder sus casas por una insólita derrama de 750.000 euros

Un inmueble de la calle Santander de Castro-Urdiales se enfrenta a un nuevo desembolso extraordinario de aproximadamente 750.000 euros para la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), apenas unos años después de afrontar una derrama de 180.000 euros destinada a obras de accesibilidad. Una ley de rehabilitación se ha convertido en una trampa económica para los propietarios

El caso ejemplifica una tendencia creciente en el sector inmobiliario español: la transformación del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) —concebido originalmente como instrumento técnico para garantizar la conservación, accesibilidad y eficiencia energética de las construcciones— en un mecanismo que, según denuncian afectados, puede justificar intervenciones de elevado coste económico.

Estas actuaciones, amparadas en el concepto de sostenibilidad, están generando un impacto económico significativo en comunidades de propietarios, particularmente entre jubilados y familias de rentas medias, que se ven obligados a hacer frente a desembolsos que, en muchos casos, superan su capacidad financiera.

Una obligación con doce años de historia

En 2013, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas introdujo la obligación de que los edificios con más de cincuenta años se sometieran al Informe de Evaluación de Edificios (IEE). La normativa representaba, en teoría, un avance: diagnosticar el estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles para garantizar la seguridad de sus ocupantes y prolongar la vida útil de las construcciones.

Sin embargo, la aplicación práctica de esta herramienta está generando controversia. Lo que nació como un mecanismo de garantía de habitabilidad está derivando, en numerosos casos, en la imposición de derramas económicas desproporcionadas a las comunidades de propietarios, a menudo sin la debida transparencia ni los controles necesarios para evitar abusos.

La distancia entre el espíritu original de la ley y su implementación real plantea interrogantes sobre los límites de estas intervenciones y la protección de los propietarios frente a proyectos cuyo alcance y coste pueden superar ampliamente las necesidades reales de conservación del edificio.

Un problema de alcance nacional

El alcance del IEE es enorme. Según la Dirección General del Catastro, en España existen 9,7 millones de viviendas en edificios residenciales, de las cuales más de la mitad supera los 40 años. En ellas vive el 55 % de la población.

Esto significa que millones de familias pueden verse obligadas, en los próximos años, a afrontar derramas de decenas de miles de euros, poniendo en riesgo la economía de jubilados y clases medias. Lo que debía ser un instrumento de modernización se ha convertido en una trampa económica que amenaza con expulsar de sus viviendas a jubilados y familias de rentas medias y bajas.

La Directiva (UE) 2024/1275 marca un camino claro: las actuaciones en materia de eficiencia energética deben apoyarse en certificados oficiales, verificables y comparables, que garanticen transparencia y permitan a los ciudadanos planificar mejoras de forma realista. La intención europea es inequívoca: evitar que la sostenibilidad se convierta en un eslogan vacío y asegurar que las intervenciones respondan a datos técnicos objetivos.

Desafortunadamente, se observa una tendencia creciente a que los informes técnicos encargados por administradores de fincas, no respetuosos con la diligencia exigible, presenten directamente dichos informes en los ayuntamientos sin someterlos previamente a la deliberación y análisis de los propietarios de las viviendas afectadas.

Greenwashing local

Estas prácticas irregulares vulneran directamente el espíritu de la Ley sobre conservación de edificios en relación con la eficiencia energética, ya que los copropietarios, que son los que deben pagar las derramas, no disponen de un acceso previo a esos informes que comprometen su patrimonio. En la práctica, la posibilidad de proponer alternativas menos costosas o efectivas se ve restringida eliminada.

Se trata de una forma de greenwashing local: medidas presentadas como sostenibles que, lejos de reforzar la confianza en la transición verde, la erosionan y la convierten en un factor de desigualdad y vulnerabilidad social.

Esta deriva no es teórica, está ocurriendo en municipios de varias comunidades autónomas. Diferentes casos en Cataluña, Asturias y Castilla la Mancha certifican cómo el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de presión y angustia económica para los propietarios.

En el País Vasco y en la Comunidad de Madrid, la aplicación de la Informe de Evaluación de Edificios (IEE) se ha caracterizado por un enfoque de contención y proporcionalidad, centrado en corregir únicamente las deficiencias que afectan a la seguridad y evitando cargas desproporcionadas para los propietarios.

La falta de acceso completo al informe técnico y la creación de una “cuota de ahorro indefinida” para los propietarios de dicho edificio, figura no contemplada en la Ley de Propiedad Horizontal, ha despertado la preocupación de los vecinos y de las autoridades municipales, que temen que una medida concebida para modernizar el parque residencial existente se transforme en una carga difícil de asumir para jubilados y familias de rentas medias.

Este caso singular en Castro-Urdiales no es un episodio aislado, sino un aviso de alcance nacional. La mecha ya está encendida, si no se corrige el rumbo. España podría enfrentarse a un conflicto social derivado del mal uso del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), no debe olvidarse que 9,7 millones de viviendas están potencialmente afectadas. La pregunta es urgente y debe interpelar a legisladores, jueces, autoridades locales y ciudadanos por igual: ¿Queremos proteger los edificios, o a quienes los habitan?