Valencia quiere implantar otra ‘ecotasa’ en plena ofensiva ideológica contra el turismo extranjero

El gobierno municipal de Valencia quiere implantar una tasa turística similar a la ecotasa que ha puesto en marcha Baleares, con el objetivo de penalizar a los visitantes obligándoles a realizar un desembolso por el simple hecho de acudir a la ciudad. El concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, está dispuesto a implantar esta penalización fiscal a los turistas siempre que previamente se realice un estudio pormenorizado de las consecuencias que tendrá la medida.

En el consistorio valenciano se considera que los turistas deben pagar una cantidad económica para sufragar una parte de los costes que tienen los servicios públicos municipales. No está claro si el abono lo deberán realizar sólo los turistas extranjeros o también los propios residentes cuando acudan a alojamientos hoteleros, como sucede en el caso de Baleares.

Esta medida se sumaría a la avanzada ya por la primera teniente de alcalde de Valencia, Sandra Gómez, y que pretende imponer otra tasa que penalice a los apartamentos turísticos, lo que en las filas de la oposición se califica ya como una ofensiva ideológica que castigará a uno de los sectores clave de la economía española y que ya ha acuñado un término para calificar esta persecución: la turismofobia.

Según los responsables municipales, el sector de los apartamentos está “al borde de la saturación” en la ciudad de Valencia y por ello el ayuntamiento “endurecerá los requisitos” para poder arrendar inmuebles a turistas penalizando económicamente a los propietarios, que se verán obligados a trasladarlo a los precios finales.

En cuanto al ejecutivo autonómico que dirige Ximo Puig, la intención por el momento es no aprobar una ecotasa en toda la región, según han asegurado este jueves el propio presidente autonómico y el secretario de Turismo, Frances Colomer. Ambos representantes del tripartito valenciano han considerado, además, que “no tienen constancia” de que exista turismofobia en la comunidad autónoma y que, por lo tanto, no es necesario adoptar medidas al respecto.

El hecho de que el gobierno regional descarte la implantación de una tasa turística es un elemento novedoso, ya que a finales de 2015 se planteó recuperar esta carga fiscal y llegó incluso a realizar informes con simulaciones para conocer el volumen de dinero que podría llegar a las arcas autonómicas por esta medida.

Según confirman fuentes parlamentarias, Puig considera que el coste político de la medida no compensa los ingresos extra que proporcionaría la ecotasa, aunque si el ayuntamiento la pone en marcha el ejecutivo autonómico podría reconsiderar su postura.