El uso “populista” de la gestión pública del agua reduce la calidad y aumenta el coste

Los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ han iniciado una ofensiva contra la gestión privada de diferentes servicios públicos, entre ellos el agua. Sin ir más lejos, la alcaldesa Ada Colau ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que expropie a Acciona Aigües ter Llobregat (ATLL) para no sacarla a concurso y evitar la gestión privada. Los mecanismos de colaboración público-privada garantizan la calidad y un precio asequible de este preciado bien, pero las marcas blancas de Podemos quieren nacionalizar la gestión del agua y ponerla en manos de políticos.

Expertos consultados por OKDIARIO consideran que el agua en España tiene un precio muy por debajo de la media europea y creen que si se quiere cambiar el modelo concesional hay que justificar por qué. «Los populismos que se están poniendo de moda en España quieren tocar algo sagrado, escaso, que funciona perfectamente y que tiene un precio muy por debajo de la media europea como es el agua», lamenta el catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames.

El Ayuntamiento de Madrid ha organizado esta semana un encuentro en el que han participado varios de los ‘ayuntamientos del cambio’, como los de Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña o Santiago de Compostela para analizar «la recuperación pública de la gestión del agua».

Francesc Sibina, presidente de la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), explica que ni siquiera la unión de varios municipios puede competir con el modelo actual de gestión privada: «En el caso del agua, un servicio básico, se da un claro caso de economía de escala muy importante. No se debe politizar el discurso sino hablar de eficiencia y seguridad ciudadana. Las empresas de distribución de agua en España, que son modelo en todo el mundo, funcionan con economía de escala. La garantía de la salubridad y de la calidad del agua entendemos que se puede ofrecer mejor desde una economía de escala que desde una microeconomía, por mucho que se unan cinco municipios, diez o los que sean.

Tamames, autor de ‘Gobernanza y gestión del agua: modelos público y privado’, llega a la conclusión de que «el régimen de concesión es el método más generalizado mediante el que las empresas han llegado a hacerse cargo de la gestión de este servicio público en función de criterios de eficacia  y de eficiencia».

Sibina, por su parte, considera que «en esencia, la Administración tiene que dedicarse a administrar. Y administrar no quiere decir necesariamente gestionar. No obstante, las dos fórmulas son perfectamente lógicas siempre y cuando políticamente se decida cuál es la mejor para el ciudadano». Sin embargo, en el encuentro organizado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, que ha dado plantón, se asegura que los servicios de agua se enfrentan a «la amenaza de la privatización» pese a que este servicio nunca ha dejado de ser de titularidad pública.

«En el mundo occidental, el modelo concesional existe desde los romanos. Ahora hay ciertas tendencias políticas que lo quieren poner en cuestión. Tendrán que demostrar por qué ese modelo es mejor y tienen la responsabilidad de tomar esa decisión en cuatro años, los que la ciudadanía concede de margen a un político, sobre una cuestión de futuro», señala Sibina.

Según Tamames, «la regulación y supervisión a que están sometidas por contrato las empresas privadas de suministro de agua han demostrado ser instrumentos adecuados que garantizan que estas compañías realizan su labor en condiciones generalmente muy satisfactorias para usuarios y consumidores». Esta situación contrasta con la «falta de transparencia en los servicios municipales de agua potable de gestión directa por la Administración Pública», y es que «la calidad de los servicios públicos puede verse amenazada por la prevaricación y la corrupción».