UPTA alerta sobre la discriminación de autónomos entre regiones en el reparto de las ayudas directas

La asociación de autónomos UPTA ha alertado sobre la posible discriminación a este colectivo entre regiones en el reparto de las ayudas directas, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya habilitado a los gobiernos regionales a ampliar la lista de negocios -CNAEs- que tienen derecho a estos fondos.

La organización que preside Eduardo Abad ha señalado este miércoles en un comunicado que está trabajando «y no va a permitir» que se produzca esa discriminación entre regiones, de forma que haya autónomos de primera y de segunda.

«Desde UPTA estamos remitiendo a todos los gobiernos autonómicos un completo listado de CNAEs para que las actividades económicas que faltaban sean incluidas en la orden que publicará cada ejecutivo regional. De este modo, todos los autónomos, empresas y profesionales que no estaban incluidos en los 95 CNAE iniciales que el Ministerio de Economía había propuesto puedan acogerse al Plan de Rescate», señala.

«Nuestra organización lleva semanas trabajando en la propuesta que, en estos momentos, ya ha sido recibida por muchos de los gobiernos autonómicos tales como el de la Región de Murcia, La Rioja, Asturias o Galicia. Hoy la recibe Extremadura, y en la próxima semana nuestros representantes territoriales se reunirán con el resto de los gobiernos regionales, para que ningún autónomo al que le corresponda ser beneficiario de esta ayuda fundamental, se quede sin ella», explican. Además, su propuesta incluye establecer diferentes tramos presupuestarios para distintos porcentajes de pérdidas sufridas durante el año 2020 en comparación al 2019.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha señalado que «no podemos consentir que haya autónomos de primera y segunda clase. Las ayudas no pueden ser un elemento de discriminación y deben llegar a quien más lo necesita. Sería intolerable por parte de las Comunidades Autónomas que se concediese eta ayuda única y exclusivamente por un riguroso orden de entrada de las solicitudes. Si se hace de esta manera, corremos el riesgo de que miles de actividades económicas, que tienen que gestionar un volumen de documentación mayor para solicitar esta ayuda, puedan quedarse sin ella. Si no somos capaces de establecer una tarificación de tramos de los presupuestos que cada una de las comunidades autónomas ha recibido por parte del estado para conceder dicha ayuda, muchos negocios se verán abocados a esta situación».