La UE aprueba que llamar desde el extranjero tenga un coste máximo de 19 céntimos
Los ministros de la UE han adoptado este martes el acuerdo negociado entre instituciones para reformar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y el mandato del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (Berec por sus siglas en inglés), que, entre otras cosas, imponen un coste máximo de 19 céntimos por minuto en llamadas de teléfono entre países del bloque comunitario a partir del 15 de mayo de 2019 e impulsan el despliegue de la red 5G en todo el territorio europeo.
En un comunicado, el Consejo de la UE destaca que estas nuevas normas europeas para el sector de las telecomunicaciones buscan promover el despliegue rápido de la red 5G, así como de otras tecnologías de redes de próxima generación en toda Europa; estimular la innovación de vanguardia y fortalecer la protección de los consumidores.
«La reforma es la piedra angular de los esfuerzos de la UE para garantizar una conectividad fija y móvil de alta calidad para todos, lo que se considera un factor clave para una economía globalmente competitiva y una sociedad moderna e inclusiva», remarca.
La votación del Consejo concluye el procedimiento legislativo tanto para el Código, que es una directiva, como para el reglamento del BEREC, que fueron aprobados por el Parlamento Europea el pasado 14 de noviembre. Las actas legales serán firmadas por ambas instituciones el 12 de diciembre y se publicarán en el Diario Oficial de la UE el 17 de diciembre, entrando en vigor tres días después de su publicación.
El nuevo código incluye medidas para alentar la competencia y estimular la inversión en redes de muy alta capacidad, para lo que cubre campos como la asignación de espectro, el acceso de los operadores a las redes y la regulación simétrica de todos los proveedores de redes en situaciones específicas.
Además, gracias al código, los consumidores estarán «mejor protegidos», ya que, por ejemplo, las reglas de consumo también se aplicarán a partir de ahora a los servicios provistos a través de Internet, como las aplicaciones de mensajería. Los Estados miembros también deberán establecer normas de compensación en caso de mala conducta de los proveedores de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas.
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