Uber y Cabify tendrán que notificar todos sus viajes a un registro público desde el 1 de marzo

Con este registro, Fomento busca garantizar que los servicios de las VTC cumplen con los requisitos que tienen fijados por ley, esto es, que son contratados previamente y no recogen a pasajeros en la vía pública o en grandes recintos como estaciones, aeropuertos, estadios o estaciones.

Además, también vigilará que este tipo de transporte cumple con el porcentaje de viajes que pueden realizar fuera de la comunidad autónoma en la que ha obtenido su licencia.

No obstante, el registro, que durante este mes de febrero está en pruebas, tendrá una labor sólo informativa durante los dos primeros meses.

Las incidencias, a partir de mayo

Así, será a partir del 2 de mayo cuando permita iniciar procedimientos sancionadores en el caso de que detecte eventuales infracciones por parte de las VTCs, según detallaron a Europa Press dichas fuentes.

El registro se pone en marcha en virtud del Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC venderlas en los dos años posteriores a su obtención.

Con este Decreto, promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna, se pretendió evitar una ‘burbuja’ de compraventa de licencias VTC ante las miles que concederán estos años los tribunales como consecuencia del vacío legal registrado en el sector entre los años 2013 y 2015.

Asimismo, también se buscaba habilitar un instrumento de control de la actividad del sector de VTC en un intento de atajar el conflicto abierto con el gremio del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.

Tras los trabajos y pruebas pertinentes, el Ministerio de Fomento, actualmente dirigido por José Luis Ábalos, baraja poner finalmente este registro en marcha el próximo 1 de marzo. A partir de esa fecha, las firmas como Uber y Cabify tendrán que dar cuenta de todos y cada uno de los servicios que realicen.

En plena regulación de las CCAA

Este instrumento online constituye una de las vías que la Administración central tiene para actuar en el ámbito del sector de los VTC, tal como el titular de Fomento indicó en una reciente comparecencia parlamentaria, toda vez que el pasado año aprobó, también por Decreto Ley, habilitar a los gobiernos regionales para que regulen el sector.

El registro se pondrá en marcha mientras que los distintos gobiernos autonómicos están haciendo uso de estas competencias de diferente forma.

Así, en Cataluña, el Govern ha aprobado una regulación que obliga a contratar las VTC con una antelación mínima de quince minutos. Esta medida, ante la que Uber y Cabify han dejado de operar en Barcelona, está siendo analizada por otras regiones como el País Vasco, Valencia y Aragón, mientras que, por contra, en Madrid, el Ejecutivo regional rechaza implantarla.