El tráfico de contenedores en el puerto de Valencia se hunde un 24% por el conflicto de la estiba

La baja productividad de los trabajadores de la estiba por el conflicto laboral provocó en febrero una caída del 24% del tráfico de contenedores en el Puerto de Valencia, según confirma la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

La misma institución ha explicado que hay una caída del 7,98% en el tráfico de contenedores, que han pasado de los 755.748 canalizados en 2016 a los 695.440 movidos en este ejercicio. Este descenso es más pronunciado si se ve solamente al mes de febrero, caracterizado por la baja productividad como consecuencia del conflicto de la estiba, que ha provocado desvío de escalas de buques y cargas del puerto de Valencia a otros puertos españoles y, lo más alarmante, de países vecinos.

En febrero, Valenciaport manipuló 303.453 contenedores, cifra que supone un descenso del 24,05% y una pérdida de más de 96.000 contenedores en relación al mismo mes del ejercicio precedente. Los tráficos más afectados por este descenso de productividad de los estibadores han sido los contenedores vacíos que han experimentado un descenso del 47% y una merma de más de 50.000 TEU.

En los que respecta al tráfico de contenedores llenos, la importación-exportación, con un descenso del 3,62%, se ha visto menos afectada que el tránsito que, con 132.310 TEU, decrece un 23,98% y pierde alrededor de 42.000 TEU. Concretamente, la exportación en contenedor se ha reducido un 2,34% hasta los 66.291 TEU (alrededor de 1.600 TEU menos); mientras que la importación ha decrecido un 5,33% hasta los 48.393 TEU, con una caída superior a los 2.700 TEU.

Los miedos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de que los barcos elijan otros puertos se están cumpliendo, sobre todo, a tenor de estas cifras. Ante la disputa de los estibadores, los barcos están eligiendo los puertos de Marsella y Tánger para hacer sus escalas. 

La guerra de los estibadores y su resistencia a cumplir con el decreto llegado de Bruselas de liberalizar el sector está trayendo más de un dolor de cabeza a los puertos nacionales y las empresas. Éstas se están viendo obligada a sumar un sobrecoste de 230.000 euros por barco, un precio que repercute a los intermediarios y al destinatario final.

Recordemos que España acumula ya una multa cercana a los 23 millones de euros por la sentencia condenatoria que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó contra España en 2014.