El tope del Gobierno a los precios de la luz paraliza los contratos de energía de eléctricas con empresas

El tope establecido por el Gobierno a los precios de la luz -y, por ende, la sensación de improvisación- ha provocado un parón de los contratos de compraventa de energía a largo plazo, los conocidos PPA, entre eléctricas y empresas, ante la incertidumbre que generan estas medidas en la fijación de los precios de esos acuerdos. La consecuencia directa es que se está congelando la inversión extranjera en las renovables por la desconfianza y la incomprensión de la nueva regulación, según informaron fuentes del sector a OKDIARIO.

Si bien a estos convenios les costó arrancar en España, en los últimos años habían cobrado fuerza, hasta tal punto que desde 2018 este mercado ha movido 10 gigavatios en España, que en 2021 se convirtió en el país número uno de Europa con 4 gigavatios. Hace apenas unos meses, «había un abanico de posibilidades para los PPA, a los que se podía acceder de forma sencilla y competitiva», indican las fuentes consultadas. Sin embargo, una cadena de normas legislativas introducidas desde octubre del año pasado, reflejo de los titubeos del Ejecutivo para frenar la escalada desbocada de los precios energéticos, ha suscitado un nivel de inseguridad que impide que las utilities y los consumidores se sienten a negociar, por lo que este mercado se ha secado.

Con la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 17/2021 el 14 de octubre del año pasado para abaratar el recibo de la luz, el sector empieza a vivir un vía crucis. La norma recortaba los llamados «beneficios caídos del cielo» de las eléctricas -las ganancias que obtienen las tecnologías de generación que no tienen que pagar derechos de CO2 ni usan gas al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente más cara, los ciclos combinados de gas- y afectaba a los PPA. En ese momento, el mercado se para, se descoyunta. Unos días después, otro remiendo legislativo: el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, que modificaba el anterior, lo que exacerbó aún más la incertidumbre para las inversiones en España.

El remate llegó la semana pasada, con la modificación de la regulación para los ‘windfall profits’, que limita el precio a las renovables en el mercado a partir de los 67 euros/MWh, eliminando parte de los ingresos del sector e incluyendo aquellos contratos bilaterales a plazo firmados tras la publicación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, o aquellos que se renueven a partir de entonces. En resumen, más de seis meses con el sector descolocado -se habla de «cachondeo» y se acusa al Gobierno de no seguir una hoja de ruta-, con proyectos retrasados y sin visos de una salida razonable para esta encrucijada.

«La volatilidad de los precios de la electricidad en el mercado spot y los cambios regulatorios complican cualquier acuerdo en estos momentos», explica Álvaro Navarro, analista de Mirabaud Equity Research.

Desplome del 90% en el primer trimestre

Según datos de la consultora de energías renovables Pexapark, en el primer trimestre de 2021 se firmaron siete PPA para proyectos por una capacidad total de al menos 950 megavatios -incluyendo los de Sidenor, Gestamp, Aquila, Iberdrola y Bruc Energy-, mientras que entre enero y marzo de 2022 se han registrado seis por un 1 gigavatio, si bien a esa cifra hay que restarle 900 MW, ya que el acuerdo entre Alcoa y Endesa es solo una carta de intenciones. Así, se quedarían en cinco PPA por un conjunto de 100 MW, de los cuales dos son de Statkraft -con Tubos Reunidos y Matrix Renewables-, y otros tres de Endesa con Mahou, Repsol con Charles River y Holaluz con Baywa. Es decir, una décima parte de los megavatios firmados un año antes por estas fechas.

Un informe de la plataforma estadounidense de compra de energía LevelTen Energy coincide en señalar que el mercado renovable español ha mostrado un enfriamiento por los límites a los beneficios impuestos en la legislación impulsada por el Gobierno, que está «desincentivando el desarrollo de nuevos proyectos», afirma.

La situación coyuntural de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el problema logístico en la cadena de suministro han llevado al Gobierno a reducir por todos los medios los precios disparados del mercado energético, acudiendo junto con Portugal a Bruselas para presentar un tipo de mecanismo que topa el precio del gas para que cuando se haga el cálculo del precio del pool no interfiera.

«Todo asusta, sobre todo si la solución es intervenir», comentan fuentes del sector, que corroboran que es muy complicado establecer un precio en los acuerdos de los PPA porque no hay visibilidad de ingresos de cara al futuro por «el ruido» que se ha generado. «No se puede mirar a largo plazo para fijar un precio, por ejemplo, a cinco años», apuntan, con lo que se socava al mercado. En román paladino, no es posible sentarse ni para empezar a hablar con el cliente, que «no sabe decir qué le va a costar la energía ni con qué precio está cómodo», mientras que la empresa «no sabe decirle qué precio le puede ofrecer porque la legislación le va a quitar parte de sus ingresos», añaden.

En suma, los generadores de electricidad e inversores independientes en renovables -exceptuando las grandes utilities integradas con generación y comercialización- tendrán dificultades para operar en España o prácticamente desaparecerán, aseguran. La razón es que la liquidez del mercado se ha esfumado por completo, subrayan. Y si se destruyen los PPA, va a ser muy difícil financiar un proyecto porque los bancos serán reacios si no cuentan con la previsión que aportan estos contratos en términos de ingresos, con lo que será imposible construirlo y conectarlo. Eso, a su vez, hará que los inversores privados e internacionales sean más renuentes a la hora de invertir.

El resultado final es que se ralentizará el desarrollo de las renovables en España y, por tanto, será muy complicado alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se propone ser el eje de la transición energética del país, prevén.