Toda la cadena alimentaria se enfrenta al impuesto catalán a las bebidas azucaradas

Una vez más la Generalitat consigue poner a todo el mundo en su contra. En esta ocasión a costa del llamado impuesto contra las bebidas azucaradas (IBAE).

Tanto los agricultores, como los transformadores, el sector de la distribución e incluso la restauración, han decidido unir fuerzas judiciales para combatir una tasa que muchos consideran que no perseguía la salud de los ciudadanos catalanes sino una argucia para obtener más recursos en una comunidad autónoma que tiene la peor situación financiera de toda España.

Toda la cadena alimentaria, es decir, el sector primario, la industria transformadora, la distribución y la restauración han presentado un recurso contencioso administrativo contra el reglamento del impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas, conocido como IBAE.

Se trata de un movimiento más, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que conforma una estrategia legal puesta en marcha desde el sector alimentario y de la restauración,  que conjuntamente contribuyen en más del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total del país, lo que supone unos 4,3 millones de empleos.

Desde las asociaciones del sector agrario (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativa Agroalimentarias de España,  AECOC, de la industria (FIAB y Promarca), de los sectores de la distribución  (ANGED, ASEDAS, ACES), y de la restauración (Marcas de Restauración) consideran que la norma vulnera principios como el de territorialidad, obstaculiza de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español, va contra el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, entre otros.

Un amplio periplo de ilegalidades a las que por desgracia la Generalitat ya nos tiene demasiado acostumbrados en otros órdenes. Además, el IBAE, contra el que se ha solicitado al Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Las organizaciones que han presentado este recurso, que fue anunciado el pasado mes de julio y ahora se materializa tras recabar los apoyos suficientes de todos los sectores implicados, reiteran la necesidad de detener esta norma, de carácter recaudatorio que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país.