‘The Economist’ critica al Tesoro de EEUU por atropellar sin pruebas al banco andorrano BPA
La crisis de BPA hunde a Andorra como plaza financiera internacional
El Tesoro de EEUU admite ahora que BPA no cometió ningún delito
La "Sección 311": el arma de EEUU para atacar bancos extranjeros
El semanario británico The Economist critica la discrecionalidad y falta de transparencia con la que ha actuado el Departamento del Tesoro de EEUU a la hora de dinamitar la banca andorrana debido a la ofensiva lanzada contra la entidad BPA, a la que acusó de blanqueo de capitales. Un año después, el departamento de delitos financieros de la autoridad norteamericana (el FinCEN) ha claudicado y ha admitido que no hay pruebas que respalden su acción, tal como avanzó OKDIARIO.
Un equipo de auditores de PwC ha estado varios meses analizando las cuentas de BPA para probar las acusaciones del FinCEN, que motivaron la intervención de la entidad por haber cometido presuntamente blanqueo de capitales. Los clientes y accionistas estudian demandar ahora a la unidad antifraude norteamericana por el terrible daño que ha generado en el sistema financiero del Principado.
La intervención de BPA, que era el tercer banco andorrano por volumen de activos bajo gestión con 9.000 millones de euros, también se llevó por delante a su filial en España, Banco Madrid, que actualmente está en proceso de liquidación. El fondo de rescate del Gobierno español (el FROB) ha decidido dejarlo caer y cubrir a los depositantes con un máximo de 100.000 euros por cuenta.
El semanario británico The Economist ha seguido el caso desde sus inicios, especialmente a la hora de poner sobre la mesa la “inseguridad jurídica” que genera el Tesoro de EEUU en este tipo de intervenciones. El Gobierno norteamericano emplea para ello la sección 311 de la Patriot Act.
Según confirman fuentes del sector, “se trata de un instrumento discrecional y arbitrario que destruye a las entidades sobre las que se aplica sin poder preservarse el más fundamental derecho de presunción de inocencia”. The Economist critica ahora, tras admitir EEUU la falta de pruebas, que el Tesoro norteamericano “tiende a ir sólo contra pequeños bancos en países con importancia estratégica”, empleando sus leyes para hacer política.
«EEUU no tiene la obligación de publicar pruebas»
“No tiene obligación de publicar pruebas detalladas, ni de ponerlas a disposición de un tribunal en el momento de la acusación. Y una vez que se ve incapaz de demostrar la existencia de delito, puede que sea demasiado tarde para el banco en cuestión», explica el semanario británico.
Una página web se dedica a denunciar públicamente el poder que tiene el Tesoro de EEUU para acusar a las entidades financieras de todo el planeta mediante un procedimiento administrativo, no judicial. Éste video resume los principales argumentos:
Ahora, una vez retiradas las acusaciones, los accionistas mayoritarios de BPA instan a la agencia estatal andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) a no tomar nuevas decisiones ni medidas que perjudiquen los intereses de clientes y accionistas. La petición se ha hecho efectiva a través de una carta firmada por los hermanos Higini y Ramón Cierco, enviada al presidente del Consejo de Administración de la AREB, Albert Hinojosa.
Los accionistas impugnan la actuación de la agencia estatal andorrana
En mayo del año pasado, los asesores legales de los accionistas mayoritarios de BPA en el Principado ya impugnaron judicialmente la decisión de la AREB de poner en marcha la resolución de la entidad bancaria intervenida. A principios de este año, tras analizar la evolución del proceso legal civil que se dirimía en Estados Unidos y en cuyo marco el juez James Boasberg solicitaba a la FinCEN argumentos y pruebas que la agencia no ha aportado, también se solicitó directamente a la AREB que detuviera el proceso.
En caso de que las demandas de los legítimos propietarios de BPA no se contemplen, los accionistas advierten en el requerimiento a la AREB que «se reservan el derecho de interponer tantas acciones como sea procedente por vía judicial contra la agencia estatal andorrana y contra todos y cada uno de los miembros de su consejo de administración».
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