Talgo y PNV presionan para evitar la multa del Gobierno: «Zapatero y Rajoy encargaron trenes ‘low cost’»

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 08/10/2025 05:45
  • Actualizado: 08/10/2025 05:45

Uno de los principales escollos para el rescate de Talgo con dinero público es la multa de 167 millones impuesta por Renfe por los fallos y retrasos de los famosos trenes Avril. Por eso, tanto Talgo como el PNV están presionando al Gobierno para eliminarla, con el argumento de que los Gobiernos de Zapatero y Rajoy pidieron trenes low cost y se arriesgaron a que tuvieran problemas con los años.

Cuando se amplió la red de alta velocidad en España en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, Renfe necesitaba ampliar su flota a partir de 2004 por la apertura de la línea Madrid-Barcelona, pero no podía permitirse pagar precios muy altos porque el déficit público estaba desbocado ya antes de la doble recesión.

Así que solicitó a Talgo que rebajara el precio de los trenes, lo cual conllevó una rebaja equivalente de su calidad, como es lógico. Se trata de las series de trenes denominadas 102 y 112, con las locomotoras conocidas como el pato que fabricó la canadiense Bombardier para Talgo.

Lo mismo ocurrió con Mariano Rajoy en 2016, tras la crisis de las cajas de ahorros que había acabado en el rescate financiero de España. De nuevo, la necesidad de reducir el déficit impedía incrementar las pérdidas de Renfe, por lo que también se encargaron trenes low cost. En este caso, la serie 106.

Y ése es el argumento que están esgrimiendo tanto Talgo como el PNV -principal impulsor del «consorcio vasco»- ante el Gobierno para decir que ahora no se puede multar a la empresa por los fallos de unos trenes que se hicieron con unos estándares de calidad muy bajos para reducir su precio, precisamente por imposición del Ejecutivo.

Este es uno de los grandes obstáculos para el plan de rescate de Talgo. Este plan contempla que el consorcio formado por el fondo Finkatuz del Gobierno vasco, Sidenor y las fundaciones BBK y Vital compre el 29,77% del capital de la empresa ferroviaria propiedad del fondo Trilantic.

Pero el PNV ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una inyección adicional de 75 millones por parte de la SEPI, que se hará con otro 7,8% del capital de Talgo por 45 millones y adquirirá deuda convertible (cosa que también debe hacer el consorcio) por otros 30. Algo que aprobó el Consejo de Ministros en julio.

Retraso de la SEPI

Como ha venido informando OKDIARIO, la SEPI está dilatando todo lo posible su entrada por los importantes líos judiciales que tiene encima de la mesa, incluyendo los rescates de las aerolíneas con intermediación de Begoña Gómez y el de Duro Felguera. Y sabe que se arriesga a meterse en otro con Talgo si este plan tampoco funciona.

Además, la entrada de la SEPI se enfrenta a otros problemas muy serios. Por un lado, necesita que la CNMV no considere que hay concertación entre el holding público y el citado consorcio -pese a que ésta es evidente, ya que acordaron la operación directamente el propio Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales-.

Por otro, requiere que Bruselas no considere ayuda de Estado este rescate de una empresa en pérdidas que compite con otras privadas. Talgo publicó unas pérdidas de 64 millones en el primer semestre con una caída del 22% de sus ingresos.

Por si fuera poco, Sidenor querría salirse de la operación, ya que supondrá hipotecar la empresa de José Antonio Jainaga, no obtendrá ninguna sinergia (ahorro de costes) con Talgo y tendrá que pagar un precio muy elevado: 4,25 euros por acción (inicialmente era una cantidad fija de 4,15 euros más un variable, pero en la situación actual sería imposible cumplir las condiciones para su pago). Por comparación, la acción cerró ayer en Bolsa en 2,62 euros, un 38,3% por debajo de ese precio.

Es decir, el consorcio perderá esos porcentajes nada más entrar en el capital. Pero, además, la SEPI exige que estos socios aporten otros 75 millones en bonos convertibles al mismo precio de 4,25 euros por acción.

Finalmente, el Ejecutivo condicionó la entrada de la SEPI a una refinanciación de la deuda que mantiene la compañía con la banca acreedora, que incluye una nueva financiación de 650 millones con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años, con extensión automática durante dos años más. Adicionalmente, se concederá una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Una refinanciación que también se antoja muy complicada.