La subida de la luz da la puntilla a Alcoa, que exige una bajada para no cerrar la planta de Lugo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 16/08/2021 06:45
  • Actualizado: 16/08/2021 06:45

La explosiva subida del precio de la luz hasta máximos históricos es justo lo que faltaba para dar la puntilla a la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo). La empresa norteamericana vuelve a considerar el cierre, que fue lo que planteó el año pasado, precisamente por el alto coste de la electricidad en España cuando éste se encontraba muy por debajo de los estratosféricos niveles actuales (la fabricación de aluminio consume mucha electricidad). Ante la subida actual y la espantada de la SEPI, la empresa ha dado un ultimátum: se quedará un año más… si el Gobierno le baja el precio de la luz.

En la tesitura actual, Alcoa ha hecho una propuesta muy astuta al Ejecutivo de Pedro Sánchez: se compromete a quedarse un año más, hasta el 31 de julio de 2022, y a buscar un comprador entonces sin la SEPI, a cambio de que el Gobierno le garantice un «precio competitivo y estable» de la electricidad; es decir, que le baje la luz y la mantenga así.

Si el Ejecutivo accede, la empresa incluso promete no acometer el despido colectivo que anuló la justicia en diciembre en el caso de que lo reactive el Supremo, ante el que Alcoa ha recurrido la sentencia. Y no sería extraño, precisamente porque la anulación se basaba en que había un proceso de venta en marcha (y, por tanto, la planta no era inviable como alegaba Alcoa), que ya no existe por la marcha atrás de la SEPI en la compra de la instalación para revenderla.

Pero el Gobierno se ha negado desde el principio a bajar el precio de la luz a Alcoa; si lo hubiera hecho, no se habrían planteado el ERE, ni el cierre ni la venta. Se ha limitado a aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que permite una rebaja muy lejos de las necesidades de las empresas de este tipo, como critica su asociación AEGE. Pero puede ir mucho más allá, como le ha recordado la Comisión Europea: puede eximirles de pagar las primas a las renovables y del coste de los derechos del CO2, que actualmente se incluyen en la factura eléctrica.

Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene esta postura, con estos precios de la luz Alcoa volverá a plantear el cierre de la planta, lo que dejaría en la calle a 524 empleados directos y otros tantos indirectos y arrasaría la economía de la comarca de A Mariña. La decisión del Supremo sobre el ERE puede ser decisiva.

La marcha atrás de la SEPI y el ridículo de Maroto

La SEPI se echó atrás en la prometida compra de la planta de Alcoa en Lugo para después revenderla a un comprador interesado -la fórmula que había acordado con la compañía-, asustada por las posibles implicaciones judiciales tras el escándalo de Plus Ultra y a pesar de tener varios potenciales interesados. Lo cual ya complicaba muchísimo la operación porque Alcoa siempre ha rechazado hacer un proceso de venta de la planta, ya que lo que realmente quiere es cerrarla.

Precisamente, para evitar el cierre -después de que la Justicia tumbara el ERE que había planteado- fue para lo que la SEPI se ofreció como intermediaria, con el apoyo de los Gobiernos central y gallego. Por eso, Alcoa aceptó vender exclusivamente a la SEPI, que compraría con la garantía de tener una empresa industrial interesada a la que podría revender la planta. Con esta retirada, la operación quedaba en el aire.

Para intentar reconducirla, la ministra de Industria, Reyes Maroto, se reunió con el presidente de Alcoa, Roy Harvey, en su sede de Pittsburgh, pero a la salida hizo el ridículo: aseguró que el gigante del aluminio se había comprometido a vender la planta, y éste salió inmediatamente a desmentirla: «Harvey no se comprometió a realizar una venta directa a un tercero», señaló, y lamentó que el Gobierno español no contemple «una venta directa a la SEPI» como había prometido.