La SEPI contratará asesores para analizar los rescates a Volotea, Vivanta y Vicens Vives

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) contratará asesores independientes para analizar las solicitudes de apoyo cursadas al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas por la aerolínea Volotea, la cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta y la editorial Vicens Vives.

En concreto, la SEPI ha informado este martes en un comunicado de que ha abierto el proceso para la contratación de asesores independientes, dentro del acuerdo marco establecido para ello, con el fin de analizar operaciones de ayuda financiera temporal solicitadas por las tres empresas citadas.

Según la SEPI, estos asesores jurídicos y financieros, que «forman parte de las firmas más prestigiosas del mercado», aseguran un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas «exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente».

El fondo es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha con una dotación de hasta 10.000 millones de euros y «una herramienta clave para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia», ha recordado el organismo público.

Cumplimiento de los requisitos

Los servicios de asesoramiento financiero verifican el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad establecidos y analizan la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad. El estudio de cada operación incluye también el análisis de la situación previa al impacto de la crisis del coronavirus de la empresa y del impacto de la pandemia, ha explicado la SEPI.

Asimismo, se requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación, contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de ‘due diligence’ que incluye la emisión de informe sobre las condiciones para ser beneficiario, contingencias legales, laborales, y fiscales, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante. Por otro lado, los asesores jurídicos redactan y revisan los documentos y términos de los acuerdos y documentos contractuales que gobiernan la eventual concesión del apoyo financiero público temporal, incluyendo las garantías anejas a la financiación.