Santander pide al juez del caso Popular que le excluya de responsabilidad civil tras el fallo de TJUE

El Banco Santander ha pedido al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Popular’ que acuerde la exclusión de la posible responsabilidad civil de la entidad que preside Ana Botín en este procedimiento después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 5 de mayo.

En un escrito de este mismo viernes al juez, el Santander hace alusión a la sentencia en la que la Sala Tercera del citado tribunal declaraba que la normativa europea sobre resolución se opone a que los accionistas que compraron acciones del Popular antes de su resolución puedan exigir responsabilidad al Santander por la información contenida en el folleto o ejercer una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, lo que daría lugar a la restitución de las cantidades invertidas y de los intereses devengados.

«La sentencia del TJUE deja claro que la normativa sobre resolución persigue ese resultado como interés general superior de la Unión. La adquisición de Banco Popular por Banco Santander permitió garantizar la estabilidad del sistema financiero, evitar un riesgo sistémico y proteger a los depositantes y acreedores ordinarios de Banco Popular y los recursos de los contribuyentes, que habrían resultado gravemente perjudicados si Banco Santander no hubiese adquirido Banco Popular», sostiene el Santander.

Añaden que «precisamente por eso se exonera de responsabilidad a quien está en la posición de Banco Santander en este caso frente a reclamaciones de anteriores titulares de instrumentos de capital de la entidad resuelta, que perseguirían precisamente lo mismo que el Derecho de la Unión proscribe (ya se trate de acciones, obligaciones subordinadas, bonos, participaciones preferentes u otros instrumentos de deuda)».

En este contexto, el Santander recuerda que interviene en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional «en calidad de posible responsable civil subsidiario por los supuestos perjuicios sufridos, como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan, por anteriores accionistas o titulares de otros instrumentos de capital del extinguido Banco Popular Español que resultaron afectados por las medidas acordadas por el dispositivo de resolución adoptado por la Junta Única de Resolución el 7 de junio de 2017».

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, indaga en las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017 vislumbra su final después de cinco años de investigación.