Sánchez desoye a Unespa y rechaza retirar la subida de los seguros que castigará a clases medias y bajas
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha obviado todos los argumentos planteados por las aseguradoras, contrarias a subir la prima de los seguros del 6% al 8% porque derivará en una subida de las primas para más de 50 millones de clientes, incluidas clases medias y bajas. Unespa, la patronal del sector, ha propuesto al Ejecutivo incluso una prórroga en la entrada en vigor del impuesto para que no fuera tan inmediato, según aseguran fuentes del sector conocedoras de la situación. Sin embargo, el hachazo a los seguros se ha aprobado este jueves en el Congreso dentro de los Presupuestos Generales -ahora pasan al trámite del Senado-.
«Se ha intentado frenar aduciendo lógicamente que quienes lo pagan -dadas las características del impuesto- son los usuarios, pero no han hecho ningún caso. Lo único que quieren es recaudar», señalan fuentes del sector. «Se les ha propuesto también una prórroga de unos meses antes de su aplicación, pero tampoco ha servido de nada», insisten estas fuentes.
El Gobierno quiere subir el impuesto a las primas a los seguros, que pasará del 6% al 8%, con el que pretende recaudar 455 millones de euros en 2021. Sin embargo, esa subida se tiene que repercutir inmediatamente al usuario al tratarse de un impuesto similar al IVA, por lo que las aseguradoras defienden que el recibo que pagan los ciudadanos por la mayoría de sus seguros tendrá que subir irremediablemente.
La subida afecta a los consumidores que tengan un seguro de coche, casa o responsabilidad civil: se trata de los seguros más habituales, ya que el 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada
La medida afecta a los consumidores que tengan un seguro de coche, casa o responsabilidad civil. La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1996, señala que sólo están exentos de este pago los seguros de asistencia sanitaria, de enfermedad y los de crédito y caución. Afecta por tanto a los seguros más habituales, ya que el 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada. Las más comunes son las de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares. En total, más de 50 millones de seguros.
«Igualmente, es evidente que cualquier empresa tiene contratados diversos seguros para el desarrollo de su actividad económica, desde los seguros de responsabilidad civil a los de robo o daños en sus instalaciones productivas», ha advertido en una nota Unespa.
Aumento del riesgo
La falta de flexibilidad del Gobierno de Sánchez e Iglesias con este impuesto no sólo va a generar una subida de los gastos de las familias -el mismo porcentaje para las más ricas y para las más pobres, frente a la progresividad que defienden PSOE y Podemos en otros aspectos-, sino que también podría derivar en que los ciudadanos reduzcan las protecciones que contratan, aumentando el riesgo, según advierten fuentes de las aseguradoras.
Antes de su aprobación definitiva en el Congreso este jueves, el Gobierno ha defendido esta subida ante las críticas de la oposición en que se trata de un impuesto que llevaba sin tocarse desde 1998 y que los países europeos del entorno tienen un tipo muy superior.
La negativa del Gobierno a aceptar las peticiones de las aseguradoras se suma a su oposición definitiva a evitar que suba el precio de los coches por el incremento del impuesto de matriculaciones
La negativa del Gobierno a aceptar las peticiones de las aseguradoras se suma a su oposición definitiva a evitar que suba el precio de los coches por el incremento del impuesto de matriculaciones. PSOE, Podemos, ERC, Más País y Bildu han votado este jueves en contra de una enmienda a los Presupuestos Generales que pretendía modificar el impuesto de matriculación para que la nueva normativa europea de emisiones WLTP no suponga un incremento de este impuesto para los compradores de vehículos.
Finalmente el precio de la mayoría de los coches va a subir en torno a un 15%, unos 1.000 euros según los fabricantes, lo que incrementará la recaudación pública por cada vehículo vendido pero reducirá las operaciones totales.
Para los consumidores, al incremento de la mayoría del precio de los vehículos hay que añadir la subida en el seguro de otro 2%, que acabará en las arcas públicas y no en la caja de las aseguradoras. En cambio, el Gobierno sí ha dado su brazo a torcer con el impuesto al diésel. Pese a que esta tasa sí es una de sus preferencias al tratarse de un ‘impuesto verde’, Sánchez e Iglesias han retrocedido debido a que es una exigencia del PNV, partido imprescindible para sacar adelante los Presupuestos.
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