Sánchez continúa sin concretar la extensión de los ERTE para el turismo en plena campaña de verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este miércoles que espera llegar a un acuerdo «en los próximos meses» sobre la extensión más allá del 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el sector turístico. Y es que a pesar del golpe que ha asestado la crisis del coronavirus al turismo, el Ejecutivo aún no ha definido hasta cuando se va a extender esta medida.

Así lo ha señalado Sánchez en la rueda de prensa posterior al despacho de trabajo con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en la que ha recalcado que el Gobierno ha hecho «una gran reforma» al ofrecer alternativas frente al despido, que era «la respuesta común en anteriores crisis», y que ha trabajado para «mantener ese empleo» y «vincularlo con el acuerdo social».

En concreto, Sánchez ha indicado que el Gobierno está «hablando» con sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo social y ha recordado que la voluntad del Gobierno es «claramente proteger el empleo en un sector que se ha visto dañado» como consecuencia de «la pandemia más grave de los últimos 100 años en todo el planeta». Además, ha subrayado que el sector turístico de España «es muy competitivo».

Por ello, ha recalcado la «máxima disposición para el diálogo» con los agentes sociales para proteger a «los cientos de miles de empleados que han visto congelada su actividad» como consecuencia del parón.

Asimismo, ha señalado que espera que con el «esfuerzo de todos» y el «aporte de la ciencia, que da avances muy significativos en la investigación de la vacuna», se puedan despejar «las dudas y angustias» de la ciudadanía y ofrecer «un horizonte de seguridad económica y seguridad sanitaria».

Negociación con ayuntamientos

Además Sánche se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de distintos municipios y partidos políticos.

En este punto, ha incidido en que sigue la «mano tendida» del Gobierno a los consistorios locales, después de que alcaldes de distintos partidos políticos criticaran el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Hacienda con la FEMP para la utilización del superávit y la liberación de los remanentes.

El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.

A un mes de su votación, una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar este decreto.