Saiz desafía la ley y seguirá reclamando el ingreso mínimo a las familias aunque se queden sin recursos
El Defensor del Pueblo entra en escena y pide al Gobierno que no reclame el ingreso mínimo a quién queda sin recursos
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, «a la vista del incremento de procedimientos de reintegro de prestaciones indebidas y en particular cuando se trata de prestaciones reconocidas por error de la propia Administración y de la vulnerabilidad económica y social a la que pueden conducir los mismos», ha entrado en escena en el escándalo de los cobros indebidos del ingreso mínimo vital (IMV), que la Seguridad Social reclama a numerosas familias aunque queden en grave situación de vulnerabilidad económica -pese a que hay jurisprudencia que lo prohíbe-.
Según una misiva enviada a los afectados por este grave problema de las reclamaciones de la prestación del ingreso mínimo a familias que quedan sin ayudas y con una deuda que no pueden pagar, el Defensor del Pueblo ha reclamado al Gobierno una solución a este problema.
Sobre todo porque «desde hace algunos años, una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera vulnerado el derecho de propiedad reconocido en el artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio de Roma cuando la Administración procede a una revisión de actos administrativos desproporcionada y el reintegro requerido, aunque puede ser legal, no valora la buena fe del interesado y le deja en una situación de vulnerabilidad económica. Jurisprudencia que ha sido acogida recientemente por el Tribunal Supremo en materia de prestaciones extraordinarias por desempleo durante la pandemia», señala la institución.
Pese a esta jurisprudencia, el Gobierno mantendrá su actual política de reclamar la prestación cobrada en caso de que el perceptor supere los límites de ingresos anuales -algo que se comprueba a año vencido-.
Así lo explica el Defensor de Pueblo en la misiva, en la que señala que escribió tanto a la Seguridad Social como a Trabajo para saber si se estaba buscando «una vía menos gravosa» para la reclamación del ingreso mínimo cuando el perceptor no actuaba de mala fe, o cuando quedaba en situación de vulnerabilidad económica.
La respuesta del departamento de Yolanda Díaz es que lo estaba estudiando con otros ministerios, y la de la Seguridad Social de Elma Saiz fue que aumentarían de una a dos veces al año el chequeo de los ingresos de las familias a fin de evitar que, en caso de incumplimiento, la deuda sea muy alta al detectarla antes -en abril y octubre-.
Ante estas respuestas, el Defensor del Pueblo «ha considerado necesario formular una Recomendación -al Gobierno- con la expectativa de que puedan encontrarse los mecanismos necesarios para minimizar los efectos de los reintegros de prestaciones indebidas para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica».
La Recomendación del Defensor del Pueblo al Gobierno pasa por cambiar dos aspectos. Primero, «eliminar el deber de reintegrar las prestaciones reconocidas por error de la propia Administración o introducir una retroactividad máxima para estos casos»; y segundo, reformar el «procedimiento de reintegro con el fin de introducir un plazo máximo a partir del cual no puedan exigirse las cuantías percibidas indebidamente por los beneficiarios». De momento, no hay respuesta del Gobierno.
La situación generada en miles de familias por la reclamación de estos cobros indebidos del ingreso mínimo es grave. El Gobierno ha reconocido que hay más de 100.000 familias afectadas. En muchos casos la reclamación se produce por error de la Administración, y en otros muchos porque el perceptor ha trabajado temporalmente y ha superado el límite mínimo de ingresos. La reclamación le deja sin la ayuda, en el paro, y con una deuda que no puede pagar.
Los afectados se han agrupado y con la ayuda de la organización ATD Cuarto Mundo han denunciado a España ante Bruselas por vulnerar la Carta Social Europea. Esta denuncia sigue su proceso actualmente.
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