Los Rubiralta se rebelan contra los fondos: ponen en duda su legitimidad para reestructurar Celsa
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La familia Rubiralta al frente de Celsa, uno de los mayores productores de acero de Europa, pone en duda la legitimidad judicial de los fondos que el lunes presentaron ante un Juzgado de Barcelona un plan de reestructuración.
La propuesta de los fondos que poseen buena parte de los cerca de 3.000 millones de euros de la deuda del grupo catalán, contempla una quita a cambio de quedarse con el 100% de la compañía.
Los fondos acreedores, entre ellos Goldman Sachs y Deutsche Bank, aprovecharon la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal para elaborar esa propuesta de reestructuración judicial, algo que permite la nueva norma sin necesidad de instar concurso de acreedores.
Fuentes cercanas a los Rubiralta explican que sus asesores están analizando la legitimidad jurídica que ampara a los fondos para llevar a cabo dicha propuesta. Ponen en duda que haya sido la totalidad de los fondos la que haya presentado la reestructuración judicial, y cuestionan que controlen el 100% de la deuda.
Además aluden a que algunos de esos mismos fondos que el lunes presentaron un plan de reestructuración en un Juzgado de Barcelona, ya acudieron el pasado mes de mayo ante un Juzgado de Madrid para ejecutar garantías, poniendo en riesgo la viabilidad del grupo, por el vencimiento de una deuda de 35 millones.
Sin embargo, fuentes cercanas a los fondos de inversión advierten que Celsa ya ha incumplido otros vencimientos de parte de la deuda, y que su propuesta es la única alternativa posible al concurso de acreedores. Los fondos subrayan que la empresa «no ha hecho ningún intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable con sus acreedores», y que solo están interesados en preservar los intereses financieros de los Rubiralta.
Sin un acuerdo entre los fondos y los Rubiralta, Celsa no podrá recibir los 550 millones de euros de ayuda concedida por la Sepi, la mayor otorgada por el organismo público del fondo de rescate por el Covid, y que ha requerido el visto bueno de la Comisión Europea.
El Consejo de Ministros aprobó la millonaria ayuda al grupo industrial el pasado mes de junio, pero su entrega está condicionada a que los acreedores y la compañía acuerden una reestructuración de la deuda, evitando así que, en el caso de incumplimiento, la Sepi se convirtiera en el accionista principal del grupo.
La situación de Celsa es tan delicada que el grupo ha tenido que salir esta semana a desmentir informaciones que apuntaban al concurso de acreedores. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a llamar al presidente del Deutsche Bank para solicitar el rescate del grupo siderúrgico español el pasado mes de junio, como informó Bloomberg.
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