Ribera lo confirma: el Gobierno contempla modificar el decreto contra el sector eléctrico

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este jueves en el Pleno del Congreso la intención del Gobierno de «completar» el Real Decreto-ley  para intentar abaratar el recibo de la luz «en las próximas semanas» con «medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales» y también «reforzar la posición» de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Asimismo, Ribera ha incidido en que «las previsiones de septiembre (cuando se aprobó el decreto) han quedado desfasadas», algo que «obliga a revisar medidas adoptadas ya» y «adaptarlas».

La ministra también ha subrayado que el Ejecutivo no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a «precios razonables». Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a «quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Costes y precios

Todo ello durante la defensa en la Cámara Baja del Real Decreto-ley con un plan de choque frente a la escalada de precios de la luz, y cuya principal medida es el recorte a los beneficios de muchas compañías eléctricas. Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien «haya garantizado precios estables antes de la escalada».

La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta causa «no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad», por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista «no es viable» ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.

«Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema», ha abundado Ribera. Las estimaciones del Gobierno recogen que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de «cuánta energía barata» hubiera en el pool, debido al funcionamiento de este modelo.

El Congreso tiene la palabra

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha indicado que el Gobierno está dispuesto a modificar el Real Decreto-ley y ha añadido que quedan «semanas» para que la Cámara Baja incluya las enmiendas que estime oportunas, bien para «modular» la regulación o bien para «intensificarla».

Montero, que se reunió este jueves con el secretario general de UGT para darle a conocer los Presupuestos de 2022, indicó que «ahora el Congreso tiene la palabra» para conseguir que la factura de la luz para los ciudadanos y, sobre todo, para la industria, esté en «precios razonables» y que no haga imposible la viabilidad de los negocios o que las familias no puedan llegar a fin de mes.

«Ese recorte de los beneficios es lo que se va a discutir en el Congreso y después de la ronda de la vicepresidenta Ribera con las eléctricas donde las hemos escuchado atentamente, ahora tienen la palabra las formaciones políticas y estamos dispuestos a negociar», reiteró Montero, quien añadió que «todavía no hay ninguna decisión tomada» acerca de introducir cambios en el decreto del Gobierno.

Así, afirmó que se trata de ver si en la negociación parlamentaria «se tiene la capacidad» de hacer que el precio de la energía mayorista no repercuta «de manera automática» en la factura del consumidor y de la industria, dando así por hecho que el decreto se tramitará, una vez se convalide, como proyecto de ley y, por tanto, estará sujeto a cambios.