El retraso de las Administraciones Públicas en pagar a las pymes pone en riesgo su viabilidad

El Banco de España constata que la mayor parte de las administraciones públicas continúan presentando de manera «persistente» plazos de pago superiores a los que contempla la ley para el pago de sus facturas, y advierte de que si la Administración acaba no resarciendo estas facturas pendientes, «puede llegar incluso a poner en peligro la viabilidad de algunas pymes.

Así lo advierte el organismo en un análisis sobre la evolución reciente de la deuda comercial de las administraciones públicas españolas, en el que subraya que una cuantía elevada de deuda comercial, junto con un retraso elevado en el periodo medio de pago a proveedores, puede acarrear consecuencias negativas sobre las empresas proveedoras, especialmente en momentos de restricción crediticia como las experimentadas durante la última crisis.

Esto es, señala el Banco de España, aún más relevante aún en el caso de España, debido a que la mayor parte del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas, que se enfrentan a mayores dificultades de financiación, de forma que un retraso en el pago por parte de las administraciones «puede suponer que la empresa tenga que ajustar su estrategia de producción y retrasar las decisiones de inversión y contratación».

Si finalmente, la Administración acaba no resarciendo sus facturas pendientes, el impacto podría ser aún más significativo, dependiendo de la estructura y la magnitud de los créditos comerciales, llegando incluso a poner en peligro su viabilidad, avisa.

No obstante, apunta que, aunque las administraciones españolas se han situado históricamente por encima del promedio europeo, tanto en términos de deuda comercial como en retrasos en los pagos, el plazo de pago a proveedores hasta 2014 fue de 124 días de retraso sobre el límite legal de 30 días, plazo que se ha moderado desde entonces hasta situarse en 26 días en 2018.

Según el Banco de España, el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy supuso «un soporte para la actividad económica» al facilitar la viabilidad de las empresas proveedoras así como reducir la caída de la inversión e incentivar la creación de empleo.

Aunque el fondo se extinguió en diciembre de 2014 pasando a formar parte de los fondos de financiación de CCAA y ayuntamientos, subraya que la reducción del stock de deuda comercial que conllevó la puesta en marcha de estos fondos «ha permitido contener el PMP en los últimos años».