Restoy (CNMV) carga contra los peritos del Banco de España por no valorar los deterioros de Bankia
El que fuera también presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha referido a los informes elaborados por los peritos cedidos por el Banco de España
El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy ha sido muy duro este martes con los peritos judiciales del caso Bankia, ya que ha considerado que en la salida a bolsa no se contabilizó adecuadamente el deterioro de la entidad y no se tuvieron en cuenta las provisiones que necesitaba la entidad bancaria.
Fernando Restoy fue vicepresidente de la CNMV de 2008 a 2012 y subgobernador del Banco de España de 2012 a 2016; actualmente es el presidente del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, en inglés), organismo con sede en Basilea, de ahí que su declaración como testigo ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal se haya hecho por videoconferencia.
El que fuera también presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha referido a los informes elaborados por los peritos cedidos por el Banco de España a petición del juez instructor, críticos con la situación de la entidad antes de la salida a Bolsa, en julio de 2011.
Aunque sobre esto «la CNMV no tiene nada que decir», porque su labor no es verificar sino garantizar la transparencia y asegurarse de que los inversores cuentan con toda la información relevante, en su calidad de expresidente del FROB ha recordado que este organismo presentó en marzo de 2015 un informe de alegaciones que refuta a los técnicos.
En concreto, ha explicado, que de acuerdo con los criterios del FROB «los informes periciales no hicieron una adecuada contabilización de los deterioros y no tenían en cuenta las provisiones», argumentos que él asume en su totalidad.
Restoy ha defendido la labor de la CNMV en la salida a Bolsa de Bankia, en la que el supervisor bursátil debe registrar el folleto y velar para que la entidad proyecte en el documento «la información que resulta relevante para que los inversores sepan de riesgos y se hagan su composición de lugar».
En cuanto al precio de la emisión, 3,75 euros con un descuento cercano al 60 %, Restoy ha explicado que la CNMV debe velar «porque el precio recoja de la manera más fiel posible las condiciones del mercado, y una vez que se verifica eso, es responsabilidad de la entidad si quiere seguir adelante o no quiere seguir adelante».
En este caso -Bankia- «se hizo con éxito», y se mantuvo estable en el mercado secundario casi hasta febrero de 2012; se logró que los inversores tuvieran acceso a toda la información relevante, ha añadido y también que se fijara por un elevado volumen de inversores cualificados, «más de 16.000».
Todos los riesgos -la caída del sector inmobiliario, las dificultades para acceder a financiación mayorista, la falta de confianza en la economía española, la novedad de la entidad-, «en fin, todo esto estaba en el folleto».
Sí ha querido dejar claro que esa valoración -los 3,75 euros de salida- no afectaba a las convenciones contables, «a la contabilidad de la entidad, a los estados contables», ya que sea cual sea el precio «no se deriva de ahí ninguna modificación contable».
Sobre el precio, Restoy ha aclarado que «a algunos les parece bajo y a otros muy alto, pero una cosa es valor de mercado, y otra cosa es el efecto en los estados individuales de BFA -matriz de Bankia-«.
También en este punto ha rechazado el criterio de los peritos judiciales, cuyos informes «contienen un error material en ese tema, porque no había ninguna obligación según el informe de la CNMV de abril de 2016 para reconocer directamente en los estados de BFA las implicaciones del precio de la salida a Bolsa».
Incluso si se hubiera tenido en cuenta «para ajustar a la baja», ni siquiera en ese caso BFA pasaría a estar en situación de patrimonio contable negativo, «ni disolución ni nada», y en ningún caso los inversores se hubieran visto afectados, porque la deuda contraída por BFA con el FROB se convertiría en capital.
En concreto, 4.400 millones de euros, merced a un mecanismo automático de restauración; es decir, que el accionista hubiera sido el FROB «y se hubiera anticipado la nacionalización, pero sin afectar al patrimonio de los inversores».
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