Reservar el 30% de la obra nueva para vivienda protegida tendrá un impacto «limitado», según Sabadell

La obligatoriedad de reservar el 30% de la obra nueva a vivienda social que incluirá la nueva Ley de Vivienda, que este martes aprueba el Gobierno, tendrá un impacto «limitado» en las promotoras residenciales españolas. Así lo asegura un análisis de Banco Sabadell, justificando que los suelos de las promotoras cotizadas ya han cedido edificabilidad como parte del proceso urbanístico existente desde hace años y que ya está incluido en la ley estatal de 2007.

En este sentido, a falta de que se concreten todos los detalles, la obligación de que el 30% de la obra nueva sea vivienda protegida solamente afectaría a aquellos suelos que en su día no cedieron parte de su edificabilidad a vivienda de protección oficial (VPO).

Por tanto, la nueva ley, la primera en democracia en el ámbito de la vivienda, no tendría impacto para aquellos suelos ya sectorizados que, como parte del proceso urbanístico con la ley existente a día de hoy, ya cedieron parte de su edificabilidad, según informa Europa Press.

«Esto en la práctica significaría que los suelos afectados serían aquellos que fueron edificados antes de la entrada en vigor de la ley actual (afectaría en todo caso a solares antiguos, en centros urbanos y al mercado de rehabilitaciones) y por tanto tendría un impacto marginal en los suelos que tienen las promotoras cotizadas», señala la entidad.

La ley, que pasará este martes a la tramitación parlamentaria, se centra en el mercado del alquiler, en el que está previsto que se regulen los precios en las zonas declaradas como ‘tensionadas’, principalmente a grandes tenedores. En este contexto, salvo Neinor Homes, las promotoras cotizadas no hacen residencial en alquiler y, en el caso de esta promotora, este tipo de negocio es actualmente muy reducido, en torno a las 537 unidades.

El sector, en contra

Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), afirman que la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social- producirá «una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma e incluso abandonando el país en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley».

Por su parte, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) apunta que esta medida puede traer al mercado español de alquiler efectos negativos, similares a los que ha dejado en Cataluña. En concreto, calculan que desde que entró en vigor la ley, en la región el 55,3% de los promotores y constructores ha parado la inversión esperando un nuevo escenario; mientras que un 31,6% ha reducido su inversión y un 3,1% ha trasladado su inversión a otro territorio. «Estos datos reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo», adelanta ASPRIMA.

Desde el sector consideran que esta medida conseguirá el efecto contrario: el parque de vivienda de alquiler dejará de crecer. Por otro lado, defienden que dicha imposición es anticonstitucional y atenta contra la propiedad privada. Además, defienden que no se puede trasladar al sector privado la responsabilidad de la administración, que es crear un gran parque de vivienda pública.