Repsol, Cepsa y BP defenderán el sistema de refino español «único en Europa» frente al impuestazo

Las principales petroleras que operan en España, Repsol, Cepsa y BP, utilizarán el Plan de Seguridad Energética presentado por el Gobierno el mes pasado como argumento contra el impuesto al sector energético que se tramita ahora en el Congreso.

Las compañías petroleras, explican fuentes del sector consultadas por este periódico, advierten contra el impuesto anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso el pasado mes de julio, que el mismo puede afectar a las inversiones previstas y mantenimiento de infraestructuras.

En ese contexto, la reducción de los recursos disponibles por mayor gasto en impuestos podría afectar a la calidad del sistema de refino español, que el Gobierno define en su reciente Plan de Seguridad Energética como «único en Europa».

En dicho plan, presentado por el Gobierno el mes pasado, al tratar el conjunto de infraestructuras para el procesado de crudo y abastecimiento, se destaca que el sistema de refino español «se puede considerar único en Europa ya que, por sus características y complejidad en número de refinerías (…) dispone de una gran flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones (…)».

El sistema español de refino cuenta con ocho refinerías en operación y una no operativa, cinco de Repsol, tres de Cepsa y una de BP, todas situadas en la costa. El Gobierno subraya en su Plan de Seguridad Energética que el sistema está «dotado de gran flexibilidad para poder adaptarse a las distintas realidades de un mercado en constante cambio y, en particular, en caso de escasez de suministro u otras situaciones de crisis ya sean nacionales o internacionales».

El jueves el Pleno del Congreso aprobó continuar con la tramitación de la Proposición de Ley para el establecimiento de impuestos temporales al sector energético y financiero. La enmienda a la iniciativa defendida por PSOE y Unidas Podemos presentada por Ciudadanos fue rechazada ese día, después de que el martes el Congreso aceptara, con 187 votos a favor, 153 en contra, y 8 abstenciones, la tramitación de la proposición de ley, que previsiblemente entrará en vigor a comienzos del próximo año.

La proposición de ley contempla que la prestación sea temporal, los años 2023 y 2024, y que el importe a pagar «será el resultado de aplicar al importe neto de la cifra de negocios del obligado el porcentaje del 1,2 por ciento». Estarán exentas del gravamen las compañías cuya cifra de negocios en 2019 fuera inferior a los 1.000 millones de euros.