Renfe recurre la resolución de la CNMC que le obligarle a compartir sus talleres de mantenimiento con Iryo
Renfe dice que esta decisión ocasionaría unas pérdidas económicas estimadas en 60 millones de euros

Renfe ha anunciado que ha acudido a la Audiencia Nacional en defensa de sus intereses y del servicio público ferroviario en España ante la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a la compañía española a abrir sus talleres para el mantenimiento de material pesado a las operadoras competidoras, en este caso Iryo.
Desde Renfe denuncian que la decisión del Regulador de obligar a Renfe a abrir sus talleres para mantenimiento pesado a Iryo generará problemas graves en la operativa y del servicio público y ocasionaría unas pérdidas económicas estimadas en 60 millones de euros.
Las quejas de Renfe se centran en la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, ya que indican que «sus instalaciones están al límite de su capacidad, sin margen para imprevistos o trabajos adicionales. Cabe señalar que la limitación de vías disponibles para el mantenimiento de ciertos materiales solicitados, como los bogies, reduce la capacidad real de las instalaciones y el espacio a ceder no sería del 7%, sino superior al 10% anual, porque sólo se podría usar una parte compatible de las ocho vías del taller».
Por otro lado, Renfe considera que tras liberalización del servicio ferroviario en 2021, las operadoras privadas, como Iryo, «han tenido tiempo suficiente para invertir en construir talleres propios en España y planificar mejor el mantenimiento de sus trenes y no trasladar este problema a la operadora pública española». En concreto, Renfe cuenta con un Plan de Inversión en talleres de 1.000 millones de euros.
Reduce la disponibilidad de los recursos críticos de Renfe
«Es por esto que Renfe rechaza el criterio utilizado por la CNMC, absolutamente arbitrario a juicio de Renfe, que equipara intervenciones en función de su duración en taller, ignorando su contenido técnico (mantenimiento ligero o pesado) que puede reducir la disponibilidad de recursos críticos y afectan a la programación del mantenimiento», indican desde Renfe.
Además, señalan que «llama la atención que la CNMC ha impuesto a la operadora española medidas que exceden incluso lo solicitado por Iryo, ya que la operadora italiana, en su solicitud, pidió como cautelar el acceso a un foso en La Sagra (o Santa Catalina) en autoprestación para llevar a cabo el mantenimiento de sus trenes. Paradójicamente, la resolución desestima esa petición concreta, pero, a cambio, impone otras medidas aún más amplias que nunca fueron ofrecidas ni negociadas con Iryo: acceso global a La Sagra para desmontaje y montaje de bogies, uso de instalaciones y equipamientos, obligación para Renfe de reparar esos bogies (o permitir su autoprestación) y fijación de condiciones económicas y de plazo. Es decir, que, en la práctica, hablamos de una apertura completa de los talleres de Renfe a la operadora italiana para el mantenimiento pesado».
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