Los propietarios de ‘pisos piratas’ en Barcelona prefieren pagar multas que ceder los inmuebles a Colau

En 2015 el Gobierno de Ada Colau daba a los propietarios de apartamentos turísticos irregulares en Barcelona la opción de condonar el 80% de la sanción impuesta por el consistorio. La manera de perdonar parte de este castigo económico de 15.000 euros era ceder la propiedad durante 3 años al alquiler social. Un cobro del arrendamiento que corre a cargo del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Dos años más tarde, ninguno de estos propietarios se ha adscrito a este programa piloto presentado por la concejal Gala Pin.

Según detalló en su momento el consistorio barcelonés, los dueños tenían la opción de librarse del 80% de la multa cediendo la propiedad al ayuntamiento para el alquiler social y el 20% restante se puede pagar pasados los tres años de cesión u optar por seguir ofreciéndolo en alquiler social hasta compensar la totalidad de la multa, tras lo cual podrán recuperar el cobro las rentas de alquiler.

Las sanciones por ofrecer un piso turístico ‘pirata’ pueden alcanzar los 90.000 euros, pero la media de las interpuestas en la ciudad asciende a 15.000 euros.

La medida de Barcelona en Comú (BComú) para aumentar el alquiler social, a tenor de los datos, brindados el propio equipo de Colau tras una pregunta planteada por el PP de Barcelona no ha tenido el efecto esperado. Alberto Fernández, líder de la formación popular en el Ayuntamiento, cree que “la mala gestión” de la alcaldesa ha provocado que el turismo pase de ser el noveno al primer problema de la ciudad”.

Por ello, reclama “mejor gestión turística y menos turismofobia”. Barcelona recibe alrededor de 30 millones de visitantes a lo largo del año, es una de las ciudades estrella a la hora de elegir destino para una escapada o un viaje de verano, sin embargo, estos meses estivales están siendo los más polémicos de los últimos años debido a la llamada ‘turismofobia’. De hecho, el sector aporta el 14% del PIB de la ciudad.

Fernández afirma que la condonación de las sanciones a los apartamentos turísticos irregulares, así como los anuncios actuales de incrementar los visualizadores, solo pretenden silenciar la incapacidad del gobierno para reconducir la gestión del turismo, y desviar la atención de sus verdaderas carencias de gobierno”.