Los problemas legales obligan a Airbnb a cerrar acuerdos fiscales con más de 500 ciudades

Airbnb, la conocida plataforma online dedicada al alquiler de habitaciones y apartamentos, quiere alcanzar acuerdos fiscales con más de 500 ciudades en todo el mundo para evitar conflictos legales. La empresa ya tiene convenios similares con unos 200 gobiernos locales.

El presidente de la compañía, Brian Chesky, explicó al Financial Times la importancia de llegar a este tipo de convenios para eliminar la incertidumbre a largo plazo: «Cuando existe un acuerdo fiscal, que supone un acuerdo explícito, no hay un riesgo existencial».

Airbnb ya ha cerrado acuerdos de este tipo con unas 200 ciudades que permiten a la empresa recaudar y remitir los impuestos a los gobiernos locales. La intención, según ha declarado Chesky, es ampliar el número hasta 700, lo que permitiría a la compañía esquivar gran parte de las batallas que la empresa tiene con las autoridades en distintos estados y ciudades.

Y es que Airbnb ha tenido (y tiene) multitud de conflictos. Hace apenas dos semanas, Nueva York aprobó una nueva ley que pretende hacer que se cumpla la normativa vigente y prohíbe anunciar apartamentos de alquiler por menos de 30 días a través de Airbnb o plataformas similares. Las multas por incumplir la normativa pueden ascender hasta los 7.500 dólares. La compañía considera que esto le causará «un daño irreparable» y ha presentado una demanda federal.

En ese sentido, Airbnb parece seguir las recomendaciones que le han hecho desde otros frentes del sector, por ejemplo desde cadenas hoteleras como Marriot, que considera que ambos negocios pueden convivir siempre que «sigan las mismas reglas que los hoteles, paguen impuestos al alojamiento y tengan medidas de seguridad contra incendios, etcétera».

En San Francisco, donde se fundó la compañía, Airbnb cobra y remite un impuesto de ocupación transitoria del 14%, pero la compañía continúa inmersa en una disputa legal con la ciudad por las normas de registro de acogida.

En Barcelona, el Ayuntamiento sancionó a Airbnb con 60.000 euros por publicitar viviendas sin el número de Registro de Turismo de Cataluña y otros 30.000 por no responder a los requerimientos de la administración para que facilitara los datos de los pisos sin licencia. Este tipo de conflictos son los que la compañía podría evitar alcanzando acuerdos con los gobiernos locales para regularizar la situación de su negocio.