Las petroleras alertan que mantener el ‘impuestazo’ pone en riesgo 16.500 millones en inversiones

Las petroleras españolas siguen a la gresca con el Gobierno por el impuesto especial a las energéticas que puso en marcha el año pasado.  La patronal que agrupa a compañías como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Gunvor y Sarás Energía considera que prorrogar el impuestazo, como consta en el acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar, «pone en riesgo 16.500 millones de inversiones para la transición energética».

La patronal de las grandes petroleras que convertir en permanente esta tasa «condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave para alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)».

Las petroleras responden así al proyecto suscrito entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez y la fundadora de Sumar, Yolanda Díaz (presidente y vicepresidenta del Gobierno en funciones respectivamente) en su acuerdo de legislatura. En dicho acuerdo, ambas formaciones acuerdan revisar «los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

Y ese es el problema. No solo que se pueda prolongar un impuesto anunciado como «temporal» (para los ejercicios de 2022 y 2023) sino que, como subrayaron en su momento ambos responsables políticos, de formarse el gobierno de coalición, el impuesto puede quedarse. De ahí que la AOP haya insistido en «la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal» que incentive las inversiones en la transición energética de la industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas.

De momento, compañías como Repsol y Cepsa han visto reducir sensiblemente sus resultados como consecuencia de la aplicación del impuestazo.

Freno a la competitividad petrolera

En opinión de las empresas dicha prórroga «penalizaría la competitividad de la industria española, frente a operadores extranjeros e industrias importadoras». Además, añaden, tendría un «impacto negativo» en el empleo, en el desarrollo de nuevas inversiones, así como en la autonomía y garantía de abastecimiento energético de España.

Las empresas han recordado los objetivos fijados por el propio Gobierno en el PNIEC. Acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del, que prevé un esfuerzo inversor de 294.000 millones de euros hasta 2030, de las que el 85% deben venir del sector privado.

Por ello, reiteró su rechazo a este impuesto, que «vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa» y estimó que la propuesta debería esperar a «los pertinentes informes que tanto la Unión Europea como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen». Y señalan que si se mantiene el impuestazo gravamen, las inversiones «estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria».

Para las petroleras prorrogar el impuestazo -planteado inicialmente como una tasa extraordinaria que duraría dos años- para afrontar la peor crisis energética en décadas, «va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios». Aun así, las

Igualmente, la patronal petrolera destacó la «importancia capital» del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia y durante el Covid. En el primer caso, recuerdan que España no tuvo problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que las empresas habían realizado anteriormente. Durante la crisis sanitaria añaden, las empresas soportaron «importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos».