Los pescadores llevan a Ribera al Constitucional por la eólica marina como adelantó OKDIARIO

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 19/09/2024 12:42
  • Actualizado: 19/09/2024 12:42

Los pescadores han pedido un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sentencia del Supremo sobre la implantación de la eólica marina en España que quiere hacer la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, tal y como adelantó OKDIARIO. Así, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha anunciado la interposición de un recurso este jueves.

A juicio de dicha asociación, la sentencia del Supremo ha causado «indefensión jurídica» al no contar «con todos los medios de prueba que acreditasen la vulneración del principio de precaución que supone la aprobación de los planes de ordenación del espacio marino (POEM)».

«Nuestras pruebas de informes habían solicitado información sobre afectación a caladeros de pesca, afectación a la campaña del bonito, de la sardina, de la caballa, del boquerón, que puedan tener esas instalaciones con sus ruidos, vibraciones, cambios de corrientes, energías electromagnéticas de los cables y demás», han subrayado en un comunicado, añadiendo que también se pidió documentación sobre los stocks presentes en las zonas que albergarán parques eólicos marinos.

Pese a ello, «toda esta información ha sido despreciada», y el Tribunal Supremo ha considerado «de forma arbitraria» que era «totalmente innecesaria y absolutamente desproporcionada».

«En nuestro recurso denunciamos que el Gobierno ha llevado a cabo, a pesar de la inexistencia de conocimiento científico respecto al impacto que una tecnología tan reciente e inexplorada como la eólica marina puede llegar a provocar sobre los recursos vivos y la actividad pesquera, una delimitación de zonas para implantar estas industrias», lamentan.

En su alegación, los pescadores hacen hincapié en que ante «una sola amenaza de daños al ecosistema marino», deberían adoptarse «medidas precautorias» y no llevarse a cabo acciones que puedan provocar «efectos irreversibles».

«Esperamos la anulación de dicha sentencia y que se practiquen las pruebas sobre las afecciones de estas industrias en los ecosistemas marinos y en los diferentes stocks y en base a esa información se dicte nueva sentencia», han subrayado

Los pescadores, al Constitucional

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos denunció al Ministerio de Transición Ecológica por «11 ilegalidades manifiestas». La denuncia, a la que tuvo acceso OKDIARIO, mantenía que el Gobierno podría estar vulnerando los artículos 9 y 130 de la Constitución Española al dar prioridad al sector energético antes que al pesquero y legislar siguiendo criterios arbitrarios.

En consecuencia, las decisiones del Ministerio de Ribera estarían «dañando al sistema marino», siguiendo «un sesgo evidente de priorizar la implantación de la energía eólica marina», según los pescadores.

En concreto, el artículo 130 de la Carta Magna establece que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desenvolvimiento de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Esto sería incompatible con las medidas que Ribera ha establecido, según los argumentos de los afectados.

Sin embargo, ahora, el Supremo ha sentenciado que los pescadores no tienen razón, por lo que piensan recurrir al Constitucional para poder aportar toda la documentación relevante.

Tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, el sector pesquero pidió «una reunión urgente» con el Ministerio. Además, los pescadores han solicitado más información sobre la implantación de esta tecnología en el mar: «Hemos tenido contestación de Abogacía del Estado, donde dice que no es pertinente».