Pérdidas ocultas, trama de Luxemburgo o créditos para la ampliación: Calama desnuda el Banco Popular

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama hace un demoledor retrato de la gestión del Banco Popular durante la presidencia de Ángel Ron en el auto con el que cierra la instrucción del caso, en el que detalla todas sus prácticas irregulares: la ocultación de pérdidas, la trama Thesan de Luxemburgo para esconder la morosidad o la concesión de crédito a los clientes para que acudieran a la ampliación de 2016 (sin restarlo del capital). También subraya que era algo orquestado y la cooperación del auditor, PwC.

Así, en este auto en el que pide juzgar a Ron, a su equipo y a PwC, asegura que en el folleto de la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016 se ofrece una información financiera conscientemente alterada (que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones) entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PwC) y de los estados financieros a 31.03.2016(…)».

«De haberse reflejado en los balances del BP [Banco Popular] -a 31.12.2015 y 31.03.2016- las provisiones no reflejadas en los mismos, el resultado contable de la cuenta de pérdidas y 17 ganancias habría arrojado como mínimo 2500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados por BP; aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su análisis financiero. PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015 ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31.3.2016», añade.

Reitera estas duras acusaciones en varias ocasiones más en el auto de 178 páginas. Por ejemplo: «Desde la óptica de la instrucción, no albergamos duda de que los inversores que acudieron a suscribir dicha ampliación fueron engañados, toda vez que las cuentas anuales consolidadas de BP del año 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio de dicha Entidad. Dichas cuentas ocultaban un importante déficit de provisiones».

Calama explica que dicho déficit del Banco Popular provenía fundamentalmente de las refinanciaciones de créditos problemáticos con el fin de que no entraran en mora (porque entonces hay que cubrirlos con provisiones, que son pérdidas en la cuenta de resultados) y de la sobrevaloración de los activos inmobiliarios, a los que no aplicó los recortes (haircuts) de valoración que impusieron los famosos Decretos Guindos de 2012.

Calama también responde a la defensa de Ron, que asegura que el Popular era solvente y que se habría salvado con sus  planes: «Nuestra tarea no es hacer cálculos de naturaleza prospectiva para evaluar si un hipotético plan de negocio habría servido para enjugar parte de ese déficit. (…) Aunque sea una obviedad, debe quedar claro que el incumplimiento contable se produce no cuando lo “descubre” el supervisor (BdE/BCE) y requiere de cumplimiento a la entidad [en 2016], sino cuando el BP incumple la normativa contable y distorsiona sus cuentas anuales o estados financieros. Pues, los delitos se perpetran no cuando los descubre la policía sino cuando se comete el hecho prohibido por la norma».

Crédito para la ampliación

Aparte de engañar a los inversores, el juez considera probada una práctica que han denunciado diferentes ex empleados del banco: como los inversores institucionales no querían comprar acciones porque no se fiaban ya entonces de su situación, tuvo que colocarlas entre los clientes de la red; y para ello, se les aumentó el crédito que tenían concedido con el fin de que acudieran a la ampliación con ese dinero. Lo cual implicaba que, mientras no devolvieran el préstamo, realmente era el banco el que compraba sus propias acciones. Por ello, la norma le obligaba a restárselas del capital, cosa que el Popular no hizo.

«En la comercialización de la ampliación de capital se impartieron instrucciones veladas a la red comercial, por orden del consejero delegado (Sr. Francisco Gómez), a fin de financiar a muchos clientes la compra de acciones, a pesar de que estaba expresamente prohibido en el Manual de políticas de riesgo del BP. La cantidad financiada no se restó del capital regulatorio que afectaba al banco, motivo por el cual se ofreció al mercado una cifra distorsionada del mismo», asegura Calama.

Trama de Luxemburgo

Luego está la trama Thesan de sociedades luxemburguesas, descubierta por la Agencia Tributaria a raíz del caso Nummaria. El auto la describe así: «En el año 2011, Banco Popular llegó a un acuerdo con directivos de Thesan Capital SL para, por mediación de esta mercantil, constituir diversas sociedades en Luxemburgo con la mera finalidad de, a través de ellas, llevar financiación del BP a acreditados suyos en graves dificultades financieras, evitando así reconocer su morosidad en balance (non performing) y pérdidas en la cuenta de resultados de BP, toda vez que no se dotaban las provisiones de esos acreditados. Thesan Capital no invirtió nada».

«Toda la financiación la aportó BP y la canalizó a través de esas sociedades luxemburguesas creadas ex novo con la única finalidad de llevar la nueva financiación (refinanciación) a los acreditados de la entidad bancaria. Esta estructura opaca se mantuvo hasta finales de 2016, no siendo anulada completamente hasta febrero de 2017. En las inspecciones OSI del BCE se desveló el funcionamiento de esta estructura societaria creada con vocación de eludir la clasificación contable de dudosos de ciertos acreditados y, en consecuencia, ocultar importantes déficits de provisiones», continúa.

Directivos y auditores

Asimismo, Calama considera que estos delitos no fueron cometidos únicamente por Ron, sino que otros directivos del Banco Popular estaban informados de los mismos y fueron cómplices. Por ello, sienta en el banquillo a Francisco Gómez (consejero delegado), Javier Moreno (interventor general), José María Sagardoy (riesgos), Jesús Arellano (auditoría), Francisco Sancha Bermejo, Tomás Pereira Peña, Antonio Pujol González y José Ramón Alonso Lobo.

Por último, también se muestra muy duro con PwC y con sus dos socios que auditaban el Popular, Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda, a los que acusa de ser cooperadores necesarios en los delitos. Según el juez, a estas prácticas «contribuyó la colaboración consciente del auditor externo (PwC) pues no consignó ninguna salvedad». Más adelante se refiere a «la conducta colaborativa del auditor externo (PwC), que no reflejó en sus informes de auditoría (cuentas anuales 2015/primer semestre de 2016/cuentas anuales 2016) ninguna salvedad que sirviera de advertencia contundente a los inversores sobre la grave distorsión contable que afectaba a las cuentas de BP».