La patronal de Cabify o Uber alerta de que el fin de las VTC costaría 1.377 millones y 61.000 empleos

La desaparición de los servicios de VTC (vehículos de alquiler con conductor) que ofrecen compañías como Uber o Cabify supondría la pérdida de 61.000 puestos de trabajo directos e indirectos e indemnizaciones compensatorias por valor de 1.377 millones de euros, según las patronales Aseval Madrid y Unauto.

Estos cálculos y otros como el relacionado con las pérdidas económicas, que podrían superar los 2.500 millones anuales, los ha difundido este martes el sector por su temor al fin de su actividad a falta de menos de un año para, lo que denominan, «el precipicio regulatorio» del «Decreto Ábalos». Según este decreto ley 13/2018 se prohibirán a los VTC completar trayectos urbanos después del 1 de octubre de 2022, cuando termina el periodo de transición de 4 años, explican las patronales en una nota.

Además, la norma transfirió las competencias a las comunidades autónomas para regular la actividad de las licencias VTC para, entre otras cosas, «habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos», añaden. Aseval y Unauto, no obstante, advierten de que aún ninguna comunidad autónoma ha regulado las licencias VTC a menos de un año para que entre en vigor el «Decreto Ábalos» y agregan que, si no lo hacen, las más de 17.000 licencias VTC que hay en España «perderán su habilitación para realizar trayectos urbanos, lo que supondrá la desaparición del sector».

Volumen de negocio

Según cálculos de las patronales el volumen de negocio generado por los VTC ascendió en 2020 a 1.350 millones y 758 millones en impuestos de sociedades, IVA y cotizaciones sociales. Sin los VTC «también se vería afectada la calidad» de la movilidad para los ciudadanos.

«Actualmente» -indican Unauto y Aseval- «más de 8 millones de españoles hacen uso regular de los servicios VTC» y su desaparición daría como resultado una reducción de las alternativas de transporte, un aumento de precios para el consumidor, mayores tiempos de espera y un incremento del uso de vehículo privado, con el consecuente incremento del tráfico y contaminación.

Además, apuntan a que se perderían las inversiones en la electrificación del parque de vehículos prevista para los próximos cinco años, por un importe superior a 800 millones por la adquisición de nuevos vehículos e infraestructuras de carga. Unauto y Aseval han solicitado a las comunidades autónomas que inicien «urgentemente los trámites para regular» las VTC y así evitar la desaparición del sector en toda España.