La patronal de los arrendadores en alquiler carga contra las medidas del Gobierno: «No son la solución»
La prórroga del Gobierno en materia de desahucios y sobre los contratos de alquiler de vivienda no ayuda, aseguran los tenedores de viviendas para alquilar.
Las medidas que plantea el Gobierno en materia de vivienda en alquiler, que son básicamente por el momento prorrogar tres meses los reales decretos-ley en materia de desahucios y los contratos de alquiler de vivienda, no son la solución al problema del alquiler, según ha destacado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval).
Los arrendadores creen que «a prórroga de estas medidas no es la solución al problema del alquiler en España y carga sobre los grandes propietarios la responsabilidad de la Administración de dotar de una vivienda pública a los colectivos vulnerables».
Esta organización de arrendadores ha dicho que España tiene un importante déficit de vivienda pública y que las medidas deben ir enfocadas a paliar este problema y a favorecer el desarrollo del alquiler en España, «no a generar más inseguridad jurídica y desprotección a los propietarios».
Ocupación ilegal
Los arrendadores también tienen claro que los reales decretos de paralización de desahucios, «legalizan la ocupación ilegal y amparan a ocupas ilegales, lo que genera un efecto llamada que afecta tanto a grandes como pequeños propietarios, comunidades de vecinos, barrios y a la sociedad en general».
«También nos convierte en una anomalía dentro de la Unión Europea, lo que daña nuestra imagen exterior como país», ha señalado Asval, que ha afirmado que «el Gobierno justificó que estas medidas eran excepcionales con motivo del Estado de alarma, y ahora se prorrogan más allá de este sin ningún tipo de iniciativa que proteja a los propietarios».
Asval ha apelado al Gobierno a poner en marcha medidas «eficaces que vayan a la raíz del problema», que es la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible, y que generen la seguridad jurídica necesaria para desarrollar este mercado.
Por último, ha reiterado su petición de destinar ayudas públicas directas por valor de 700 millones de euros para los colectivos más vulnerables.
En este sentido, ha alertado de que los problemas de accesibilidad y de impagos aumentarán en los próximos meses a medida que se agrave la crisis social generada por la crisis económica, «por lo que se hace imprescindible apoyar de forma urgente a los colectivos con menores recursos».
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