Palo al mayor chollo de los okupas: la ley lo confirma y no hay vuelta atrás

La okupación se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para muchos propietarios en España, y aunque parece que el problema es reciente, lo cierto es que ya hace muchos años que aquellos que cuentan con viviendas en propiedad, no sólo ven como esta es tomada de forma ilegal sino que además los procesos judiciales se convierten en algo interminable. Mientras los okupas se han aprovechado de las lagunas legales, los dueños de los inmuebles se han visto atrapados en un laberinto burocrático sin salida. Pero ahora, todo apunta a un cambio drástico que podría acabar con esta situación de una vez por todas. Un cambio en la ley que supone un palo para los okupas.

La inseguridad que ha generado la okupación en los últimos tiempos ha disparado la preocupación de los ciudadanos, así como el surgimiento de empresas especializadas en desalojos, dado que la vía legal para expulsar a los okupas ha sido siempre larga y tediosa. Muchos propietarios han visto cómo sus inmuebles quedaban retenidos durante meses, e incluso años, mientras los procesos judiciales avanzaban a paso de tortuga. La situación ha llegado a tal punto que, en muchas ocasiones, los okupas parecían contar con más protección legal que los dueños de las viviendas. Ahora, una reciente reforma legislativa que se ha aprobado, podría hacer que la cambie radicalmente. Se introduce un mecanismo de desokupación exprés, con el que los desalojos podrán resolverse en apenas 15 días. Sin duda un giro sin precedentes en la lucha contra la okupación, que acelera los procesos judiciales, ¿pero en qué consiste exactamente?.

Palo al mayor chollo de los okupas: la ley lo confirma

El cambio legislativo ha llegado de forma inesperada, fruto de una enmienda presentada por el PNV y aprobada con los votos a favor de formaciones como el PP, Junts, Coalición Canaria, ERC y Bildu. A pesar de que la reforma fue vetada por el Senado, su aprobación definitiva supone la instauración de juicios exprés contra okupas que hayan allanado o usurpado una vivienda.

Hasta ahora, los procesos judiciales para recuperar un inmueble podían alargarse durante meses, incluso años, debido a la burocracia y a la necesidad de estudios previos sobre la situación de los okupas. Pero con esta nueva ley, el tiempo de espera se reducirá drásticamente, permitiendo que el desalojo se efectúe en un plazo máximo de 15 días desde la puesta a disposición judicial.

Quiénes son los okupas más afectados por la nueva ley

Esta reforma afecta a dos tipos de okupación: la usurpación y el allanamiento de morada. Aunque muchas veces se confunden, hay una diferencia clave entre ambas:

• Usurpación: se trata de la ocupación ilegal de una vivienda deshabitada, sin el consentimiento del propietario.
• Allanamiento de morada: se refiere a la entrada o permanencia en una vivienda habitada sin la autorización de su morador. Este delito es considerado más grave, ya que atenta directamente contra la intimidad y seguridad de los residentes.

Con la nueva normativa, ambos casos se resolverán de manera rápida, lo que supone un duro golpe para los okupas que hasta ahora se beneficiaban de los procesos judiciales interminables. Sin embargo, hay un grupo de okupas que no se verá afectado por esta reforma: los inquiokupas. Estos individuos firman un contrato de alquiler, pagan los primeros meses y luego dejan de abonar la renta, quedándose en la vivienda sin intención de marcharse. Al tratarse de un litigio civil y no penal, estos casos seguirán enfrentándose a procesos judiciales más largos.

¿Qué ocurre con los okupas que tienen hijos a su cargo?

Uno de los cambios más significativos de esta reforma es la eliminación de los estudios de vulnerabilidad. Hasta ahora, cuando un okupa era identificado, se realizaba un análisis sobre su situación económica y familiar antes de proceder al desalojo. Esto daba lugar a situaciones en las que, si el okupa alegaba estar en una situación precaria o tener hijos a su cargo, el desalojo podía demorarse indefinidamente.

Con la nueva normativa, esto cambia radicalmente. No habrá consideraciones especiales para okupas con menores a su cargo, y el proceso de desalojo se ejecutará en el mismo plazo de 15 días, sin estudios previos ni excepción alguna. Este es uno de los puntos más polémicos de la reforma, ya que organizaciones sociales advierten sobre el posible impacto que podría tener en familias en situación de vulnerabilidad.

La aprobación de esta reforma representa un golpe sin precedentes contra la okupación ilegal. Durante años, los propietarios han sentido que la ley protegía más a los okupas que a ellos mismos, obligándolos a gastar miles de euros en abogados y procesos judiciales que parecían no llegar nunca a su fin. Con la llegada de los juicios rápidos, la situación cambia radicalmente, devolviendo a los dueños el control sobre sus viviendas.

Aun así, esta reforma también plantea nuevos desafíos. La necesidad de soluciones habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad sigue sobre la mesa, y muchos se preguntan cuál será el siguiente paso del Gobierno en materia de vivienda. Lo que está claro es que la okupación ilegal ya no será el chollo que era antes, y que recuperar una vivienda será mucho más rápido y sencillo para los propietarios.