Otro golpe de Saiz a los afectados del ingreso mínimo: avisa que la sentencia europea «no es vinculante»

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 19/10/2025 05:45
  • Actualizado: 21/10/2025 20:24

Miles de perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) que están sufriendo el calvario de las reclamaciones de la ayuda cobrada por parte de la Seguridad Social han recibido otro golpe de Elma Saiz, ministra de Inclusión. Se agruparon y junto a la organización ATD Cuarto Mundo denunciaron al Gobierno español en el Consejo Europeo por incumplir la Carta Social Europea con esta política de reclamaciones de la ayuda cobrada, que les deja en la mayoría de los casos sin ayuda y con una deuda que no pueden pagar.

Los miles de afectados confían en la sentencia del Consejo Europeo para doblar el pulso al Gobierno y que dé marcha atrás con esta política de gestión de los cobros indebidos del ingreso mínimo, pero el Ejecutivo ha dicho esta semana en una respuesta parlamentaria que esa resolución «no es vinculante», algo que niegan desde ATD Cuarto Mundo.

La situación es la siguiente: hay miles de perceptores del ingreso mínimo, que recibieron la ayuda en muchos casos sin solicitarla, que están recibiendo cartas de la Seguridad Social reclamándoles la ayuda recibida por haber superado los ingresos mínimos que marca la ley. Esto se produce porque la Seguridad Social coteja los datos de ingresos con Hacienda a posteriori.

El problema es que hay muchos casos que son errores del Ministerio, ya que tienen en cuenta los ingresos de la pensión alimenticia en casos de madres divorciadas, o no han contabilizado a algún menor que vive con el perceptor, o directamente han contabilizado como patrimonio la vivienda habitual, exenta en la ley.

Esto genera a los perceptores una deuda, porque tienen que devolver un dinero que no tienen, y no trabajan. Sus escritos a la Seguridad Social son rechazados, y les obligan a acudir a los tribunales ordinarios, donde los jueces les dan la razón.

Para tratar de acabar con esta situación, los afectados se agruparon y con ATD Cuarto Mundo denunciaron al Gobierno al Consejo Europeo, que admitió a trámite la denuncia en junio. Según fuentes de ATD Cuarto Mundo, la sentencia del Consejo es «vinculante y se puede invocar en los tribunales».

Sin embargo, en una respuesta escrita de esta semana en el Congreso, el Gobierno -nadie firma esta respuesta- asegura que el procedimiento «no es vinculante». «El procedimiento abierto por el Comité Europeo de Derechos Sociales se enmarca en los mecanismos ordinarios de supervisión de la Carta Social Europea, y el Gobierno de España, como Estado firmante, colaborará plenamente con dicho órgano, presentando en plazo las alegaciones pertinentes. En este sentido, se recuerda que la admisión a trámite de una reclamación no implica pronunciamiento alguno sobre su fondo y que el procedimiento concluirá con una resolución no vinculante en un plazo estimado de 18 meses», dice la respuesta.

Desde la asociación ATD Cuarto Mundo recuerdan que las resoluciones del Consejo Europeo son vinculantes y, si el Gobierno en este caso no cumple con las indicaciones de esa resolución, se puede acudir a los tribunales contra el Ejecutivo.

De confirmarse las intenciones del Gobierno adelantadas en esta respuesta parlamentaria -que nadie firma- supondrá un nuevo golpe a estos miles de afectados, que superan los 200.000. El Ejecutivo ha admitido al Defensor del Pueblo que las reclamaciones por cobros indebidos afectan al 5% del capital repartido, unos 500 millones de euros.