Optimismo en Hacienda con los Presupuestos: se aprobarán en abril con un recorte de 1.000 millones

Pese a las notables dificultades a las que tendrán que enfrentarse el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Pedro Sánchez quiere llevar este viernes al Consejo de Ministros, el Gobierno confía en tener aprobadas sus cuentas públicas en abril, según confirman a OKDIARIO fuentes del Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo trabaja en estos momentos con el escenario más optimista sobre la tramitación que afrontarán las cuentas que pactó con Podemos. De lograr cumplir con esa meta -impensable a día de hoy por la falta de apoyos parlamentarios-, Sánchez conseguiría aprobar sus Presupuestos dos meses antes de lo que tardó el PP el pasado año en sacar adelante unas cuentas que fueron aprobadas definitivamente en junio, cuando el inquilino en Moncloa ya era Sánchez.

En el escenario de un fracaso, este calendario, por tanto, es compatible con la idea de que en mayo se celebre un ‘superdomingo’ electoral que rechazan los candidatos socialistas a las municipales y autonómicas por tener claro que podrían verse perjudicados.

Una décima menos de gasto

Las dificultades que tendrán que sortear los Presupuestos 2019 comienzan ya esta semana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe reformular las cuentas antes del viernes para adaptarse a la senda de estabilidad presupuestaria que el Gobierno de Mariano Rajoy pactó con Bruselas y Sánchez trató de relajar sin éxito, lo que significa recortar el gasto.

Fuentes de Hacienda reconocen que todavía no se ha decidido qué partidas presupuestarias se retocarán para ajustarse a ese déficit del 1,3% en 2019. De las cinco décimas menos que contempla esa senda (el Gobierno quería trabajar con el 1,8%), tan solo una corresponde a las cuentas del Estado, puesto que el resto del reparto de esa relajación también incluye a las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Así, el recorte rondará los 1.000 millones de euros.

Además, para que Unidos Podemos apoye el texto final, el Gobierno tendrá que rectificar y elaborar un nuevo decreto ley en materia de vivienda para incluir una de las exigencias programáticas a la que el partido morado no está dispuesto a renunciar: que los ayuntamientos puedan poner un tope al precio de los alquileres. La diputada de En Comú Podem en el Congreso y portavoz de Unidos Podemos en materia de vivienda, Lucía Martín, ya advirtió la pasada semana que este requisito es imprescindible para cualquier apoyo a los PGE.

Consciente de ello, la ministra de Hacienda también reconoció públicamente hace unos días que el Gobierno está dispuesto a rectificar y cumplir con este punto que pactó con Podemos con tal de sacar adelante los Presupuestos que permitirían a Sánchez permanecer en La Moncloa. Todo ello, siempre que también logre convencer a los nacionalistas e independentistas de que apoyen las cuentas públicas.