La oferta sobre Naturgy se enfrentará al decreto anti-opas del Gobierno de Sánchez

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) que ha lanzado IFM por el 22% de Naturgy necesitará la aprobación del Consejo de Ministros para poder salir adelante. Así se recoge en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, por lo que esta operación se convertirá en el primera gran reto del Ejecutivo, tras el decreto anti-opas decretado durante el primer estado de alarma y que fue prorrogado hasta el 30 de junio.

Mediante el real decreto el Gobierno estableció que se sometiera a autorización del Consejo de Ministros la adquisición por parte de inversores extranjeros del 10% o más del capital social (o incluso por debajo de ese porcentaje, cuando se adquiera la posibilidad de participar en la gestión o el control) de las empresas activas en sectores relacionados con el orden, seguridad y salud públicas.

El objetivo final de esta medida es el establecimiento de un mecanismo de protección de la propiedad nacional de numerosas empresas sin discriminar si la inversión procede de países de Europa o ‘amigos’, o por el contrario de países con unos intereses que puedan estar alejados de los del propio Ejecutivo. «Hemos reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos», afirmó Pedro Sánchez el pasado mes de marzo.

Posición de Naturgy

Naturgy afirma haber conocido en la misma mañana de este martes, a través del comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por IFM GIF, los términos y condiciones de la OPA voluntaria «y no solicitada» realizada por dicho fondo sobre un 22,689% del capital social de la compañía por un importe superior a los 5.000 millones de euros.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Naturgy indica que el consejo de administración de la compañía se pronunciará sobre esta oferta «cuando lo considere oportuno y, en cualquier caso, cuando sea legalmente preceptivo». Mientras tanto, la compañía que preside Francisco Reynés continuará operando sus negocios «en el mejor interés de sus accionistas», teniendo en cuenta los condicionantes derivados del proceso de oferta.

Naturgy y su consejo de administración han contratado los servicios de Citi y Freshfields para asesorarles sobre esta OPA lanzada por el fondo australiano de infraestructuras. Mientras que CVC Capital Partners, a través del vehículo Rioja Acquisition, y GIP se han comprometido a no desprenderse de sus participaciones en Naturgy, que suman aproximadanete un 40% del capital (20,41% corresponde a CVC y 20% a GIP) en el marco de la oferta, falta por conocer la opinión de CriteriaCaixa, que posee el 24,8% del accionariado.

Tanto CVC como GIP entienden que la posibilidad de que los accionistas minoritarios se beneficien de la oferta depende de la voluntad de los grandes accionistas de no vender su posición para reducir el impacto del prorrateo. En cualquier caso, dejan claro que no existe ningún otro acuerdo de ninguna naturaleza en relación con la oferta entre el oferente, GIP o CVC y no hay ningún tipo de acción concertada entre las partes.

La oferta está supeditada a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias, gubernamentales y de competencia preceptivas, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de Naturgy.