El fondo de recuperación impone una dura condicionalidad a España

Tras más de cinco días de tensas negociaciones en sede comunitaria, la Unión Europea, a través del Consejo Europeo, alcanza un acuerdo para la aprobación de lo que se conoce como el fondo de reconstrucción económica. Un fondo que nace con la intención de responder a los efectos de una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente. Sirviendo, además, como rescate para aquellas economías que, como España o Italia, se han visto claramente más afectadas.

Así, estamos hablando de un acuerdo histórico para la Unión Europea y que representa la mayor movilización de recursos de la historia del bloque comunitario. Una movilización de recursos que supone toda la artillería contemplada en el marco financiero plurianual, siendo esta notablemente superior. Incluso a las ayudas que, en su día, integraban el fondo de cohesión, pretende disipar los efectos de una crisis que ha tenido un gran impacto para las distintas economías del bloque económico europeo.

En este sentido, hablamos de un marco financiero que contará con 1,07 billones de euros para los próximos siete años, pero de los que, 750.000 millones son los destinados a las ayudas que la Unión Europea, habiéndolo pactado en las negociaciones a las que hacíamos mención, entregará a los países miembros. Unas ayudas que comenzarán a entregarse en 2021 y que se darán en función del impacto de la pandemia en cada uno de los países, así como del deterioro que haya supuesto el COVID en sus cuentas públicas.

Por tanto, hablamos de un fondo mixto que integrará 750.000 millones de euros. En este contexto, hablamos de un fondo mixto por el hecho de que no estamos hablando de 750.000 millones que serán repartidos entre los países miembros, sino que hablamos de unos 750.000 millones de los que 390.000 millones.

En este caso, serán concedidos de forma directa a los distintos Estados sin que esta entrega compute en la deuda pública, así como sin la necesidad de que sea devuelta. Mientras que, por otro lado, hablamos de otra cuantía en la que contamos con 360.000 millones que estarán disponibles para los préstamos que soliciten los países demandantes, esta vez computando a la deuda y debiendo devolverlos en el futuro.

Así, podemos observar la magnitud de las ayudas. Hablamos de una movilización de recursos que, aunque no sea como la que a priori se esperaba, se presenta como una gran movilización de recursos, así como una movilización suficiente para paliar la situación.

Sin embargo, sí cabe destacar que, en base a las exigencias en un principio de la presidenta de la Comisión Europea, hablamos de unas ayudas que, finalmente, no se ajustan a la propuesta que Von der Leyen puso sobre la mesa, de 500.000 millones de euros de concesión directa.

Además, debiendo tener en cuenta que hablamos de unas concesiones directas que, como decíamos, ni serán de 500.000 millones como se pedía, ni serán un derecho para aquellos países que con cumplan con la condicionalidad asociada.

Los elevados desequilibrios que presenta la economía europea despiertan la preocupación de unas economías frugales que se han mostrado bastante reticentes durante el proceso negociador. Situaciones como la vivida estos años atrás, donde los precedentes muestran una gestión pública bastante cuestionable para países como Italia, que han incrementado su nivel de deuda, en tanto en cuanto lo reducía Holanda, llegando a situarla en el 130% del PIB, han puesto de manifiesto la necesidad de aplicar una condicionalidad.

Que en un futuro, sirva como un dique de contención para aquellos países que, como también le ocurre a España, pretendan seguir destinando el capital público a partidas que, posteriormente, no se reviertan en forma de externalidad positiva.

Europa no está dispuesta a seguir financiando la insostenibilidad financiera de determinados países que, haciendo uso de las ayudas, podrían seguir ensanchando unos desequilibrios que, como vemos, han generado tensiones bastante negativas para la sostenibilidad del proyecto europeo.

Por ello, las condiciones aplicadas tienen en cuenta la capacidad con la que contarán los países europeos para evaluar los proyectos de inversión. Que irán sujetos a las peticiones de capital, así como vetar aquellos que, bajo la consideración del bloque comunitario, consideren un gasto innecesario, así como una inversión no rentable.

Para España, acabando ya con el asunto, se ha asignado una cuantía de 140.000 millones de euros, la segunda mayor cuantía después de Italia. En este sentido, una cuantía que equivale al 11% del producto interior bruto (PIB) español y que ayudará al país a salir del atolladero en el que se encuentra inmerso. Del cual no podía salir de manera unilateral ante la incapacidad de aplicar una respuesta propia, en solitario.

Así, hablamos de una cuantía que, como ocurre con el fondo, también se compone de una asignación mixta. Donde las concesiones directas cuentan con 72.000 millones de euros, mientras que las ayudas en forma de préstamos ascienden hasta los 68.0000 millones de euros.

Al igual que le ha ocurrido a la presidenta de la Comisión Europea, Pedro Sánchez esperaba que las ayudas de concesión directa fueran 5.000 millones más de lo finalmente recibido. Sin embargo, las peticiones de los países del norte, finalmente, contemplaron la reducción. Además, como ya se ha anunciado, las ayudas con las que contará España quedan sujetas a una condicionalidad que, de no ir las ayudas supeditadas a proyectos que la Unión Europea pueda evaluar, impedirá la llegada de capital al país.

En conclusión, una llegada de capital que, bajo la intencionalidad europea, nace con la intención de ayudar a España a sobrepasar el bache que supone esta pandemia. Tanto en materia económica como sanitaria, y no con la intención de seguir engordando un compromiso político que ha llevado los niveles de endeudamiento en el país hasta niveles que, como prevé el Banco de España, la sitúan en el 122% del PIB. Siendo este un límite completamente desmesurado y que Europa pretende ir reduciendo con estas condiciones.