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La reforma de la Constitución y la economía

Pedro Sánchez
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. (Foto: EFE)
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La Constitución Nacional es el mejor acuerdo al que pudieron llegar los dos bandos que se habían enfrentado en la Guerra Civil. Desde esta perspectiva, la Constitución es una oda a la concordia y a la paz. Desde esta perspectiva, sus contradicciones (reconoce la “economía de mercado”, pero menciona las “exigencias de la planificación”; artículo 38), sus riesgos (la “función social” de la propiedad; artículo 33), su paternalismo (se promoverá la “adecuada utilización del ocio”; artículo 43) y sus errores (fijar la provincia como circunscripción electoral o el rol casi irrelevante del Senado), pueden entenderse: fueron costes necesarios para conseguir un objetivo superior.

La Constitución no impidió que España viviera su período de mayor prosperidad, pero tampoco evitó los costes de la incompetencia de un gobierno sectario como el de Rodríguez Zapatero. La Constitución no es la culpable de los problemas que hoy tiene España. Su reforma tampoco será un pase mágico que nos conducirá a la felicidad y el pleno empleo.

Argumentar que la Constitución debe ser “actualizada” es una frivolidad. La Constitución de Estados Unidos fue promulgada en 1787. ¿Está acaso “desactualizada”? Es cierto que la misma tuvo 27 enmiendas, pero cada una de ellas se refiere a un punto concreto (limitación del mandato presidencial, sufragio femenino, etc.) y no a una “actualización” general.

Potencialmente peligroso es el argumento de que los menores de 40 años no votaron la actual Constitución. Estirando el argumento, podría cuestionarse la validez de todo el entramado jurídico cada 25 o 30 años, porque habría gente que aún no había nacido cuando se aprobaron algunas leyes. Es un argumento de raíz antisistema.

La economía no necesita una reforma constitucional para funcionar mejor. Sin embargo, el proceso de reforma puede abrir una etapa de incertidumbre que podría hacer que la economía funcionara peor.

Las iniciativas que se mencionan suponen una reforma “esencial” (y no una “simple” como la del artículo 135 acordada en 2011). Según su artículo 168, la reforma “esencial” implica disolver las Cortes y proceder a unas elecciones generales. Los nuevos legisladores son quienes redactarían el nuevo texto. Aprobada la reforma por dos tercios de ambas cámaras, la nueva Constitución debe someterse a referéndum (¿y si no se acuerda ningún texto?). Todo eso conlleva varios meses con un gobierno dedicado a un nuevo “monotema”. Riesgo que se acrecienta porque entre los responsables de redactar la reforma habría legisladores de partidos que buscan la secesión de partes del territorio nacional. Tampoco puede olvidarse que, con excepción del presidente Rajoy, los líderes de los principales partidos políticos son muchachos sin experiencia profesional relevante. Encargar una reforma de la Constitución a partidos antisistema e independentistas, con dos de los partidos “constitucionalistas” liderados por inexpertos. ¿Qué puede salir mal?

Una vez “abierto el melón” de la reforma, la imaginación de los legisladores suele volar mucho más lejos de lo que cualquiera pudiera pensar. En la Constitución de Brasil de 1988 se incluyó que los tipos de interés reales de los préstamos no podía superar el 12% anual. Hoy Brasil tiene una inflación que ronda el 4%, pero en la web de su Banco Central puede verse que, por ejemplo, para compras de vehículos, los tipos pueden llegar al 71%.

Mientras hay 3,7 millones de parados, España incumple por décimo año consecutivo el tope de déficit fiscal al que se “obligó” al entrar al euro y la deuda pública ronda el 100% del PIB, gran parte de la dirigencia política cree prioritario reformar la Constitución. Luego se preguntan por qué hay “desafección” hacia la clase política.

La Constitución puede mejorarse. Basta comparar las constituciones de EE.UU. y España para ver cuánto mejor podría ser. Pero también podría empeorar. Compárese el texto constitucional español con los 350 artículos de la Constitución de Venezuela, que algunos querrán tomar como modelo.

Si no se tiene una idea clara de qué se quiere reformar y para qué, lo mejor es que se deje la Constitución tal como está. Lo contrario sería abrir una etapa de incertidumbre que acabaremos pagando con menos empleo y actividad económica.

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