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Nueva ofensiva de la Seguridad Social: «Aunque solo ingreses 300 euros mensuales, podrías estar obligado»

La Seguridad Social junto a la Inspección de Trabajo, prepara una ofensiva más amplia que en años anteriores. El nuevo Plan Estratégico 2025-2027, publicado en el Boletín Oficial del Estado, contempla el incremento de los controles, un mayor cruce de datos con Hacienda y que se ponga el foco en prácticas que antes pasaban de puntillas. De este modo, lo que hasta ahora parecía inofensivo, pronto podría ser motivo de sanción.

Entre las medidas concretas, están la revisión de los contratos a tiempo parcial, las horas extra no declaradas y los casos de falsos autónomos. También se reforzará la colaboración con la Agencia Tributaria, que facilitará información fiscal para que las inspecciones sean más precisas. Pero la advertencia que más ha encendido las alarmas tiene que ver con los ingresos mínimos: si una persona gana 300 euros al mes de forma habitual, la Seguridad Social entiende que ya hay una actividad económica, y por tanto, debe cotizar en el RETA. El objetivo oficial es ordenar el sistema y evitar desigualdades. Sin embargo, muchos autónomos lo ven con preocupación. Quienes hacen pequeños trabajos por cuenta propia (diseños puntuales, clases particulares o ventas ocasionales) temen quedar atrapados en la misma red que los grandes infractores. Lo cierto es que los inspectores ya trabajan con una hoja de ruta detallada para los próximos tres años, y la tolerancia será mínima.

Qué implica el nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027

El nuevo plan marcará el rumbo de la Inspección de Trabajo en los próximos años. No sólo  busca frenar el fraude, sino también proteger a los trabajadores frente a abusos que se han normalizado con el tiempo. La prioridad será revisar las horas extraordinarias no pagadas, los contratos a tiempo parcial ficticios y el empleo en B, especialmente en sectores donde estas prácticas siguen muy arraigadas.

Además, el documento plantea un control más técnico y coordinado. La Inspección cruzará datos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para detectar inconsistencias entre las cotizaciones y los ingresos reales. Esto permitirá localizar irregularidades sin necesidad de inspecciones presenciales, gracias a herramientas digitales y a sistemas de verificación automatizados.

Uno de los grandes focos será el teletrabajo, especialmente tras el auge que experimentó desde la pandemia. Se controlará que no se utilicen contratos a tiempo parcial para cubrir jornadas completas, una práctica cada vez más frecuente, y se vigilarán las horas extraordinarias encubiertas mediante la comparación entre las nóminas, los registros horarios y las cotizaciones declaradas.

La obligación de darse de alta aunque los ingresos sean mínimos

Por otro lado, la Seguridad Social ha recordado de forma clara que todo aquel que genere ingresos habituales, aunque sean de 300 euros mensuales, debe darse de alta en el RETA. No importa si se trata de una actividad complementaria o esporádica: si existe una habitualidad y un beneficio económico, se considera una actividad por cuenta propia.

Esto implica que, además de pagar la cuota correspondiente, el trabajador deberá cumplir con las obligaciones fiscales y de cotización. El argumento es sencillo: el sistema debe garantizar que todas las actividades económicas, grandes o pequeñas, contribuyan a la sostenibilidad del modelo.

Para muchos, este punto es el más controvertido del nuevo plan. Hasta ahora existía cierta tolerancia hacia quienes obtenían pequeños ingresos sin llegar al salario mínimo. Con la nueva interpretación, el umbral deja de ser una cuestión económica para centrarse en la habitualidad y en la naturaleza de la actividad. En la práctica, si una persona vende productos o presta servicios de forma continuada, aunque sea en su tiempo libre, puede verse obligada a cotizar.

El foco sobre los falsos autónomos y el trabajo en plataformas

Otro de los ejes del nuevo plan es el combate contra los falsos autónomos, una figura que continúa extendiéndose tanto en grandes plataformas digitales como en pequeños negocios. La Inspección de Trabajo intensificará la comparación de datos entre Hacienda y la Seguridad Social para detectar colaboraciones externas que, en realidad, deberían ser relaciones laborales.

La medida pondrá bajo la lupa a sectores como el transporte, la construcción o la logística, donde las cadenas de subcontratación son el pan de cada día y, en muchos casos, el origen de situaciones laborales poco claras. También se vigilará de cerca a las plataformas digitales, ya que la nueva normativa europea obliga a comunicar a Hacienda todos los pagos realizados a particulares. Con ello, las autoridades podrán seguir mejor el rastro del dinero y detectar posibles irregularidades que antes quedaban fuera del radar.

Además, el teletrabajo internacional entra por primera vez en el radar de la Inspección. El objetivo es evitar que empresas con trabajadores en remoto desde España esquiven la legislación nacional y las cotizaciones sociales correspondientes.

Sanciones y consecuencias para quienes incumplan

Las empresas y autónomos que incumplan estas normas se enfrentarán a sanciones económicas considerables. En los casos de contratos fraudulentos o exceso de horas extraordinarias no declaradas, se podrán exigir las cotizaciones atrasadas y aplicar recargos.

Las sanciones pueden ir desde los 751 hasta los 7.500 euros, según la gravedad de la infracción, aunque en casos de reincidencia o fraude continuado las cifras pueden superar los 10.000 euros. La Inspección no solo buscará sancionar, sino también regularizar las situaciones laborales y exigir los pagos pendientes a la Seguridad Social.

Sectores más vigilados y lo que viene a partir de ahora

Los sectores de transporte, construcción y logística están en el punto de mira, pero no son los únicos. También se intensificará la supervisión sobre actividades que implican subcontratación o trabajo autónomo dependiente, una figura que, en muchos casos, se utiliza para reducir costes laborales.

La Inspección busca así cerrar el cerco a las malas prácticas laborales que distorsionan el mercado y perjudican tanto a los trabajadores como a los profesionales que sí cumplen con la ley. A medio plazo, el Plan Estratégico prevé que la digitalización de los sistemas de control permita detectar irregularidades de forma automática, reduciendo la necesidad de inspecciones presenciales.