La nueva ley concursal de Sánchez deja fuera de la segunda oportunidad a 3,4 millones de microempresas

Lo de que el Gobierno de Pedro Sánchez no iba a dejar a nadie atrás no parece tener efecto en la nueva ley concursal. El anteproyecto, tramitado por vía de urgencia y en verano, deja fuera de los procesos de segunda oportunidad a más de 3,4 millones de microempresas en España, siendo el comercio, la hostelería y el inmobiliario los sectores más afectados al ser los que tienen mayor porcentaje de insolvencias.

En un contexto en el que cerca del 50% del tejido empresarial español se verá obligada a someterse a una reestructuración como consecuencia de la crisis del Covid-19, la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES) plantea que es un error anteponer la situación de la Administración Pública frente al empleo y la viabilidad de las empresas.

«Es un proyecto estatalizante y nada proclive a la preservación del empleo ni de la estructura empresarial española formada en un 94% por micropymes», afirma Alex Munné, presidente de ANEES. Estas empresas, de menos de 10 trabajadores, suponen el 94% del tejido empresarial español y están experimentando un fuerte incremento de procesos concursales, con casi 4000 en lo que va de año en especial en sectores sensiblemente afectados por la pandemia como han sido hostelería y comercio.

Según la nueva ley de Sánchez, estas empresas se enfrentarán a la falta de seguridad jurídica durante sus procesos de reestructuración. Y es que, uno de los puntos más controvertidos del texto es el procedimiento especial para microempresas, en el cual se prescinde de la figura del administrador concursar para agilizar los trámites. Dado que el 90% de las empresas que se encuentran en concurso responden a esta característica, este ‘régimen especial’ se convierte en el procedimiento más generalizado del sector.

La idea que subyace en la reforma legal desde la exposición de motivos es la de reducir la saturación de la justicia y agilizar trámites, pero la realidad es que en ámbitos como la ‘segunda oportunidad’ hay vacíos legales que van a provocar el efecto contrario del deseado incrementando la judicialización de muchos procesos y, por consecuencia, dilatando los procesos de resolución.