Nadie se cree a Calviño: todos los organismos prevén un hundimiento del consumo y la inversión en 2023

Todo podría parecer una conspiración contra el Gobierno de las que se queja con frecuencia el presidente Sánchez. Pero quizá sólo sea un ataque de simple sentido común. El caso es que el reguero de previsiones económicas realizadas por todos los organismos internacionales y las instituciones privadas españolas han acabado por destrozar las fantasiosas estimaciones realizadas por la vicepresidenta Nadia Calviño. Según los cálculos del Gobierno, el PIB aumentará en 2023 un 2,1%, después de haber corregido la cifra tras una seria disputa con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuyo informe es preceptivo para poder enviar a la Comisión Europea el proyecto de presupuestos generales del Estado, y según la cual, la actividad económica apenas crecerá un 1,5% el próximo año.

Pero no hay entidad alguna que se crea el cuadro macroeconómico oficial. Por orden de importancia, el Fondo Monetario Internacional opina que el PIB apenas subirá un 1,2% en nuestro país, la OCDE cifra la aceleración máxima en un 1,5%, el Banco de España apuesta por un 1,4%, y algunas de las instituciones privadas son bastante más pesimistas. BBVA confía en un 1%. Ayer, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), con un potente servicio de estudios y bregada en la tarea de seguir meticulosamente la coyuntura, se descolgó con un pronóstico del 0,7%. Sólo el banco privado ING ha ido más lejos, estableciendo un 0,2%.

Todo este colosal descuadre y diferencias abisales entre los datos oficiales y los del sector privado, que al fin y al cabo es el que se juega su dinero, podría ser anecdótico si no fuera porque del crecimiento finalmente real del PIB dependen los ingresos fiscales que espera recaudar Hacienda y que son, junto con el recurso a la deuda pública, los que sostienen el despliegue de gastos incluidos en el presupuesto para atender entre otras cosas en intenso programa social vendido por el presidente Sánchez con la intención descarada de ganar apoyo popular y captar votos en un ejercicio plenamente electoral -habrá comicios autonómicos y locales en mayo, y generales en noviembre-.

El motivo genuino de tan abultada discrepancia estadística se halla en la desconfianza de los organismos internacionales y privados en la evolución del consumo privado, que, según el juicio unánime, se enfriará acusadamente el año próximo, siendo el responsable principal del retroceso de la demanda interna y su correspondiente aportación al PIB -que será muy pequeña-. Este sentimiento está avalado por la continuada caída de la producción industrial, el deterioro de las expectativas de los ciudadanos -la atonía de las familias, que ya han perdido completamente el colchón de ahorro acumulado durante la pandemia- y la tendencia bajista del índice de confianza empresarial.

El segundo factor que contribuirá decisivamente a enfriar el PIB será la desaceleración del crecimiento de la inversión, principalmente en bienes de equipo. Según los últimos datos de Funcas, la formación bruta de capital fijo apenas aumentará un 1,7%, debilitando el nervio de la actividad económica.

Otra de las directrices comunes a todos los análisis internacionales y domésticos es la demanda de plan de ajuste del déficit público consistente a medio plazo, así como un recorte más intenso del desequilibrio presupuestario ya en 2023. El juicio unánime es que un contexto de una inflación desbordada y una oferta constreñida por la crisis de suministro de ‘inputs’ industriales así como por la carestía de los precios de la energía, la política fiscal debe estar lo más alineada posible con la monetaria, que va a seguir dominada por la subida continuada de los tipos de interés en los próximos meses. «Cuanto menos se ajusten los déficit públicos de los estados más elevadas y duraderas serán las subidas del precio del dinero, y sus efectos perniciosos sobre las hipotecas -en el caso de los ciudadanos- y el coste de la deuda pública -en el caso de Estado-«, aseguran las fuentes consultadas.