Montoro defenderá en el Congreso la amnistía fiscal tumbada por el Constitucional

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defenderá esta semana en el Congreso la aprobación de una amnistía fiscal en 2012 que ha cuestionado el Tribunal Constitucional. El ministro explicará que la regularización tributaria fue consecuencia de una situación económica extrema, tras encontrar el PP al llegar al Gobierno un déficit público superior al 9% del PIB.

El ministro acude a petición propia a la Comisión de Hacienda del Congreso el miércoles después de que el Tribunal Constitucional anulara por unanimidad la norma de la amnistía fiscal, aunque sin consecuencias para las regularizaciones efectuadas para mantener la seguridad jurídica. Montoro informará en comisión sobre los efectos de la sentencia tras la aprobación de esta Declaración Tributaria Especial (DTE).

Tras esta sentencia, el ministro se ha visto arropado en los últimos días por el Gobierno, no así por la mayoría de la oposición política, que ha pedido su dimisión y su reprobación parlamentaria.

El Ejecutivo, sin embargo, ha recordado que el Constitucional fundamenta su sentencia sólo en el procedimiento utilizado para aprobar la amnistía fiscal, que no fue el correcto, al tiempo que el grupo parlamentario del PP justifica que la amnistía se puso en marcha «a la desesperada» ya que España estaba «al borde del colapso» económico.

Lo cierto es que el ministro de Hacienda tendrá que responder el miércoles en el pleno del Congreso a tres preguntas del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, además de a la interpelación que le hará el grupo socialista y que posteriormente se traducirá en una moción, consecuencia de la interpelación en la que se pedirá su reprobación.

También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será preguntado sobre este asunto por el PSOE en la sesión de control del miércoles. La interpelación socialista señala que la amnistía fiscal fue injusta e «inmoral» y perseguía «perdonar» el pago de sus obligaciones tributarias «a los grandes defraudadores». El PSOE critica que se garantizara la «impunidad a delincuentes y defraudadores fiscales, permitiéndoles blanquear dinero negro».

La mayoría de la oposición ha pedido la dimisión de Montoro aunque el ministro ha dicho que no se siente desautorizado pero sí «concernido» por la sentencia del Constitucional, una medida que ha insistido se aprobó ante la «situación límite» que registraba España.

De momento, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que apoyarán la reprobación del ministro si no le convencen «sus explicaciones, rectifica o recupera parte del dinero perdido» con la amnistía fiscal.

Precisamente la formación naranja fue la que pidió al Gobierno que ordenara a la Agencia Tributaria realizar las inspecciones a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía y que no pagaron el 10 % del patrimonio aflorado. El portavoz parlamentario de Ciudadanos Juan Carlos Girauta preguntará a Montoro cómo piensa reparar el «daño» provocado por el fallo judicial.

Por otra parte, el PSOE tampoco descarta pedir una comisión parlamentaria que investigue la amnistía fiscal e insistirá en solicitar la lista de los acogidos a esta medida.

La amnistía fiscal de 2012 supuso unos ingresos para las arcas públicas de 1.192 millones de euros -muy por debajo de los 2.500 millones inicialmente previstos-, pero permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no estaban declarados.

El plan extraordinario de regularización fiscal aprobado mediante decreto ley en 2012 se sustanció en una Declaración Tributaria Especial (DTE) que permitió a los evasores normalizar su situación ante la Hacienda pública pagando solo el 10% del capital declarado, aunque el tipo efectivamente pagado fue más bajo.