Más de la mitad de los españoles no pueden elegir médico: once CCAA violan la Ley sanitaria

La descentralización de las competencias sanitarias en España no ha venido acompañada de una normativa unificadora que asegure la uniformidad en la asistencia a todos los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan. Esta segregación sanitaria provoca que los españoles sean tratados como emigrantes ilegales fuera de sus comunidades autónomas y que, dentro de sus propias regiones, unos dispongan de la capacidad para elegir libremente el médico o centro de atención y otros se tengan que conformar con la asignación que realice el gobierno autonómico de turno.

En concreto, más de la mitad de los españoles no tienen acceso «real» a la libre elección sanitaria porque once comunidades autónomas violan impunemente la Ley General de Sanidad. Sólo los ejecutivos regionales de de Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha cumplen la normativa.

Así lo muestra el último informe que ha elaborado el Instituto Coordenadas de la Gobernanza Aplicada y que constata que sólo el 44,5% del total de la población española (unos 20,7 millones de habitantes) tiene posibilidad de elegir médico en los servicios de atención primaria, así como especialistas y centros hospitalarios.

El resto de los habitantes no tienen este derecho a pesar de estar protegido por Ley. Así, en once comunidades autónomas, en las que reside el 55,5% de la población (unos 25,8 millones de habitantes) no existe acceso real a libre elección sanitaria.

En Galicia y Comunidad Valenciana, aunque en la teoría disponen este derecho, el Instituto Coordenadas de la Gobernanza Aplicada denuncia que en la práctica disponen de un «acceso muy limitado en el ámbito de elección de especialistas y centro hospitalario». En las nueve comunidades restantes (Castilla y León, Asturias, Cataluña, Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla) directamente no existe la libre elección.

«La descentralización sanitaria está produciendo desigualdades entre las distintas comunidades autónomas y la vulneración de derechos de los ciudadanos», afirma Jesús Sanchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

Lambas denuncia que «las notables diferencias entre comunidades en materia de libre elección van en contra de la Ley General de Sanidad, 14/1986, que en su artículo el artículo 3 recoge que la asistencia pública se extenderá a toda la población española y el acceso y prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.»

Por ello, insiste en «la necesidad de adoptar medidas necesarias para que este derecho pueda ser efectivamente ejercitado, en igualdad por todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia» e insta al Defensor del Pueblo «a promover las actuaciones oportunas necesarias para favorecer la aplicación real de libre elección en todo el territorio nacional».

La cuestión de la libre elección es vital para conseguir reducir una de las mayores lacras del sistema sanitario español: las largas listas de espera. El tiempo medio para ser intervenido (según los últimos datos del Ministerio de Sanidad publicados en el informe SISLE-SNS) ha aumentado hasta los 115 días de media, mientras que el número de pacientes en lista de espera superaba al cierre de 2016 los 614.ooo, un 12% más que seis meses antes.

Sirva como ejemplo que los pacientes de Cataluña, comunidad donde la libre elección quirúrgica no está implementada, y con un tiempo medio de espera de 173 días, más de cuatro meses, tienen que esperar más del triple que los pacientes de la sanidad pública madrileña para una intervención quirúrgica, y más del doble que un andaluz.

«Existe una correlación entre la libre elección hospitalaria y las listas de espera quirúrgicas» –explica Lambas– «es significativo que, en aquellas comunidades en las que los pacientes pueden seleccionar libremente hospital público para una intervención quirúrgica, como es el caso de País Vasco, Madrid o Andalucía, las listas de espera quirúrgicas están muy por debajo de la media nacional. Desde el Instituto consideramos decisivo el impacto de la libre elección sobre las listas de espera, ya que posibilitan mejores tiempos de respuesta a los usuarios».