Más de 20.000 empleos y 1.000 negocios vinculados a la educación ambiental al borde de la quiebra
Más de 1.000 actividades económicas vinculadas a la educación ambiental están al borde la quiebra, según ha alertado este jueves la organización de autónomos UPTA en una nota. Se trata de granjas escuelas, aulas de naturaleza, aulas del mar… Negocios que necesitan urgentemente un plan de ayudas para salvarse en medio de la crisis económica generada por la pandemia.
Se trata de pequeñas empresas que gestionan programas de Educación Ambiental en municipios, ciudades y espacios protegidos entre otros, que desarrollan su actividad económica principalmente de la afluencia de escolares desde infantil a secundaria permanecen cerradas, con sus trabajadores en ERTE, y con serias dificultades para mantener su actividad económica en pie.
«Hablamos de un sector que en el año 2019 recibió más de cinco millones de visitantes, con una facturación superior a los 300 millones de euros», asegura UPTA en la nota.
Estas entidades llevan desde el pasado 10 de marzo de 2020 totalmente cerradas, y tienen que soportar gastos fijos inasumibles si no tienen una permanente entrada de visitas. Las instalaciones tienen un alto coste de mantenimiento y además hay que añadir también los gastos fijos asociados al mantenimiento de los animales y las huertas en el caso de las granjas escuela.
20.000 puestos de trabajo en peligro
«Aproximadamente son 20.000 puestos de trabajo directos los que generan estos autónomos, cooperativas y pequeñas empresas del sector. Por ello desde UPTA queremos dar voz a estos negocios, autónomos y pymes, que atraviesan una situación económica sin precedentes, y que asisten con resignación a pérdidas de casi el 100% de su facturación desde el inicio de la pandemia», asegura la asociación de autónomos.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, pide al Gobierno que apruebe ayudas directas para estas actividades. «Las ayudas directas deben asignarse en base al criterio de perdida de facturación, los 11.000 millones de euros del plan de rescate del Gobierno deben destinarse, principalmente, a paliar los gastos fijos de cada uno de los negocios que se encuentran en una situación de pérdida total de facturación», asegura.
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