Economía
Carta a la ministra de Hacienda

Madrid planea recurrir al Constitucional el alza de impuestos que Sánchez urde junto a ERC

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, ha mandado una dura carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle el «profundo malestar que ha generado en la Comunidad de Madrid el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Nación y el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para crear una ‘comisión bilateral’ con expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid».  Y advierte: quieren imponer «subidas de impuestos sin nuestro consentimiento».

«Nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no sólo a los madrileños sino al conjunto de la Nación Española», remarca la misiva, en la que se alerta de que se intenta justificar una «invasión competencial» sobre la base de un imaginario «dumping fiscal» que, según la Comunidad de Madrid y como han corroborado en los últimos días numerosos fiscalistas, no existe.

Fernández-Lasquetty no ahorra adjetivos: habla de un «desprecio flagrante a los madrileños», que «no tiene precedentes» ni cabida en el «orden constitucional». «Prefiero advertirle desde este momento de que, si avanza por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Constitucional». ¿El argumento jurídico que utilizarán? Se basará la Comunidad de Madrid en el artículo 161,1 c) de la Carta Magna y en el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979 del TC. «No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid», remacha el consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

E insiste: «Lo que ustedes han declarado públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños», avisa la misiva, en la que recuerda que «las comunidades autónomas de régimen común poseen la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos, pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus legítimos intereses y necesidades mediante el uso de sus competencias».

Pero exactamente, ¿qué es lo que propone ERC sobre Patrimonio? En primer lugar, lo que quiere es fijar un tipo mínimo del Impuesto de Patrimonio en toda España mediante la creación de una nueva cuota estatal. La consecuencia es que el contribuyente siempre va a pagar, como mínimo, lo establecido por el Estado, anulando con ello la capacidad de las comunidades autónomas para reducir el impuesto por debajo de ese umbral. Además, se pretende el Estado imponga una tributación mínima para anular la política de impuestos bajos que aplican algunas regiones, como Madrid. Esto significa que la única competencia que les quedaría a las comunidades autónomas es la de igualar o situar su tributación por encima de la estatal.

Sin embargo, lo que pide ERC para el impuesto de Patrimonio, lo quiere el PSOE para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La subida de Sucesiones y Donaciones afectaría a millones de españoles de otras comunidades autónomas que, hoy por hoy, disfrutan de una tributación mucho más baja que la media nacional, siguiendo las rebajas que inició hace años la Comunidad de Madrid. Es decir, que el castigo a Madrid -que está liderando la alternativa económica a la gestión de Pedro Sánchez- se extenderá a más comunidades autónomas.

Las declaraciones que evidencian la subida de impuestos que forzará Sánchez en Madrid

Las propias palabras del líder del Ejecutivo y de sus ministros confirman el castigo fiscal que está urdiendo el Gobierno a hurtadillas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, dijo el 30 de octubre de 2019, lo siguiente: “Mi intención es armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y acabar así con el ‘dumping fiscal’ que, por ejemplo, existe en la Comunidad de Madrid, donde este impuesto está bonificado casi en su totalidad”.

Por su parte, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, a la que ahora el consejero de Hacienda de Madrid ha enviado una carta, decía el pasado 27 de octubre de 2020 que “tenemos la firme voluntad de avanzar en la armonización en el conjunto del territorio, algo que no se puede hacer a través de un Proyecto de Presupuestos para evitar la competencia fiscal entre CCAA y evitar el dumping fiscal”.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, por su parte, decía recientemente, exactamente el 5 de noviembre: “Los abusos de un efecto de capitalidad han convertido a Madrid en una gran aspiradora. Es el momento de acabar con los agravios y las asimetrías entre ciudadanos para evitar una recuperación a diferentes velocidades”.