Macron no sigue los pasos de Sánchez y evita poner un impuesto a las grandes empresas

El Gobierno francés ha decidido poner bajo presión a las empresas que están obteniendo beneficios excepcionales por la espiral inflacionista para que reviertan al menos una parte a sus empleados o a los consumidores, pero se resiste a crear un nuevo impuesto y solo lo hará si no obtiene satisfacción. Así, Emmanuel Macron ha optado por no seguir el ejemplo de Pedro Sánchez que ha asestado un golpe fiscal a las energéticas y la banca para hacer frente a la inflación desbocada en España.

«Les ponemos una presión muy fuerte», afirmó este martes el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, que en una entrevista en la emisora France Info, avisó de que «si no funciona nos reservamos el derecho, de aquí a finales de año, de tomar medidas».

Attal dio un ejemplo de lo que espera que hagan esas compañías refiriéndose a la rebaja de 12 céntimos por litro de carburante que aplica en sus gasolineras TotalEnergies. Una rebaja -subrayó- que se añade a la subvención de 18 céntimos por litro que los consumidores obtienen a cuenta del Estado francés, y que debe durar al menos hasta octubre.

El ministro consideró que los gestos comerciales o de otro tipo de las empresas todavía no son suficientes e insistió en que «si es necesario, tomaremos medidas».

Pero a la cuestión de si contemplan un impuesto especial como el que han anunciado otros gobiernos europeos, puso el acento en que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha mantenido desde su primera elección una política de disminución de la fiscalidad que va a continuar con menos impuestos a la producción.

Una política con la que «nos hemos convertido en el país más atractivo de Europa para las inversiones». Además, Attal recordó que mientras en Italia o el Reino Unido se han creado nuevos impuestos a las compañías energéticas para gravar los impuestos excepcionales que están consiguiendo, en Francia se ha puesto en pie un dispositivo que limita la subida del precio de la electricidad que factura la compañía pública EDF a sus clientes y que le está costando «varios miles de millones de euros».

Ese dispositivo supone limitar el incremento de precios del kilovatio hora a los consumidores particulares y a las pymes un 4% durante todo este año, pero también obligar a EDF a vender a los operadores competidores una parte de la electricidad generada con sus reactores nucleares a precio de saldo.

El titular de Hacienda consideró que los gestos que pueden hacer las empresas en dirección de los consumidores tienen un impacto más rápido y mayor que un impuesto, que primero tiene que aprobarse en el Parlamento, y que luego tardará meses en empezar a recaudarse.