Los servicios públicos catalanes corren peligro tras el golpe de estado del Parlament

La declaración aprobada en el Parlament, que establece el proceso de creación de un estado catalán independiente, tendrá efectos inmediatos sobre todo tipo de servicios públicos. La letra pequeña de la resolución incluye un artículo que establece que “el futuro Gobierno catalán impulsará la renegociación de todas las financiaciones estructuradas”.

Según las empresas que trabajan con el sector público regional esto “pone en peligro” la prestación de los citados servicios esenciales, ya que supone “una revisión de la deuda que afecta a aquellas financiaciones que van asociadas” a los equipamientos socio-sanitarios, deportivos, de seguridad, todo tipo de servicios municipales, culturales y educativos.

«Supone una revisión de la deuda que afecta a aquellas financiaciones que van asociadas a equipamientos socio-sanitarios, deportivos, de seguridad, culturales y educativos»

Además, la resolución «deja en el aire los contratos y concesiones de grandes infraestructuras que prestan servicios de movilidad y comunicación».

Según advierte la Cámara que representa los intereses del sector (CCIES) “el mandato supone un incumplimiento unilateral del contrato del Gobierno de la Generalitat con el prestador del servicio público, y que inevitablemente generará el incumplimiento de éste con su ente financiador, ya sea de ámbito nacional, europeo o internacional”. Es decir, que la decisión del Parlamento pone en tela de juicio la solvencia de las empresas que trabajan con la Administración.

Las compañías señalan que el alcance de esta medida “llegaría a todo tipo de prestación de servicios”, ya sean suministrados por una multinacional, una empresa de gestión, una cooperativa, o cualquier compañía que realice proyectos de colaboración público-privada (en régimen de concesión, de precios públicos autorizados u otros tipos de regulación administrativa).

CCIES indica que la resolución “podría suponerle al futuro Gobierno de la Generalitat una judicialización de las consecuencias del mandato encomendado, así como un cierre del acceso a financiación internacional y un desprestigio de magnitud y duración inimaginable”.