La ley que protege a los okupas: más de un año para echar a los delincuentes de casa

La ocupación ilegal de viviendas crece año tras año en España al calor de una legislación demasiado laxa que obliga a los propietarios a pasar por un auténtico calvario judicial -tanto en tiempos como en forma- para recuperar sus casas. Mientras tanto, los okupas se atrincheran en una propiedad privada ajena haciendo uso y disfrute del inmueble. La ley les protege hasta tal punto que el proceso para desalojarlos por la vía civil puede durar más de un año. 

La legislación española distingue entre ocupación de una vivienda habitada y una vivienda vacía. En el primer caso, el propietario dispone de un plazo de entre 24 y 48 horas para llamar a la Policía. Podrán desalojarlos entendiendo que es un delito flagrante, por lo que no es necesario una orden judicial. Si la Policía no consigue su objetivo, el propietario tendrá que solicitar judicialmente el desalojo de los okupas bien por la vía civil o por la penal.

“El delito es más grave cuando se trata de un domicilio habitado-allanamiento de morada recogida en el Código Penal- y es menos grave -delito de usurpación- cuando se trata de una casa no habitada, por ejemplo, propiedad de un banco-. En este último caso, sólo conlleva una pena de multa, mientras que el otro conlleva penas de cárcel de entre seis meses y hasta cuatro años si es con violencia o intimidación a las personas. Si se recurre al desalojo por la vía civil, técnicamente se llama desahucio por precario, cuyo procedimiento se modificó en julio de 2018 para agilizar los plazos”, explica Ramiro Salcedo, abogado especialista en Derecho Civil y Penal a OKDIARIO.

La modificación del 2 de julio de 2018 -que dio lugar a la popularmente conocida como «ley antiokupas»-  nació con la vocación de acelerar los plazos y los trámites de los desalojos. El propietario sólo tiene que presentar una demanda en los juzgados acreditando que la propiedad es suya. Después, los okupas disponen de un plazo legal de cinco días hábiles para demostrar que «ostentan legítimamente la posesión». Aunque la norma se vendiera en su momento como «exprés», lo cierto es que el tiempo ha demostrado que un propietario puede tardar más de un año en recuperar su vivienda. 

«Lo que no se explica al ciudadano es que puede pasar hasta tres meses en admitir a trámite una demanda presentada, una vez que se admite, hay que notificarla, lo que suma otro mes o tres semanas. En la praxis casi ningún plazo que depende del juzgado se cumple. No hay jueces, ni funcionarios, ni tampoco policías par cumplir los plazos legales que establece la modificación de 2018», añade Salcedo.

El experto concluye que por la vía civil -en el mejor de los casos- la tramitación media para desalojar a los okupas oscila entre los ocho meses y los doce o tres meses, pero podría superarlo con creces en época de covid-19. Por la vía penal, el proceso pueden extenderse varios años hasta que exista una condena.

PP, Vox y Ciudadanos pide cambios en la ley

Mientras el gobierno socialcomunista protege a los okupas, los principales partidos de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- han lanzado varias propuestas para cambiar la legislación vigente por considerar que desampara a los propietarios. La formación verde ha presentado dos Proposiciones de Ley en las que pide endurecer el Código Penal en los delitos de usurpación de inmuebles con penas de hasta cuatro años de cárcel. También pide mejorar las herramientas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales.

El Partido Popular también apuesta por una Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas. El líder del PP , Pablo Casado, dice que su propuesta busca proteger a «clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa ocupada y cada vez más con mafias y con redes de extorsión dedicados a ello».

En cuanto a Ciudadanos, ha registrado recientemente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de «garantías para la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas», con la cual pretende agilizar el desalojo de los inmuebles y su recuperación por parte de los propietarios y endurecer el castigo a los infractores.