La ley considerará «vivienda vacía» a la desocupada dos años cuando su dueño tenga cuatro casas o más

El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que el Consejo de Ministros aprobará el 26 de octubre, crea junto a la vivienda protegida la figura de la «vivienda asequible incentivada», como aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precios reducidos. En la norma se definirá la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años, en caso de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y se dará la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI.

Se da la circunstancia de que según la nueva Ley de Vivienda que ya proponía a principios de año Podemos para todos aquellos que posean cinco o más viviendas, Pablo Iglesias e Irene Montero ya eran «grandes propietarios» según la propuesta de norma. La pareja sumaba ya entonces 4 casas (el casoplón de Galapagar, un piso en San Blas, una casa de planta baja en Ávila y la casa-cabaña de Casavieja en esa misma provincia). Tras recibir las herencias que tienen aseguradas porque son hijos únicos ambos, superarán ampliamente el umbral fijado por Podemos: tendrán 8 viviendas entre los dos.

En la sesión parlamentaria del miércoles, y l hablar de la «vivienda asequible incentivada», la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una interpelación en el Congreso ha señalado que la limitación de precios del alquiler atendiendo a los índices de referencia «no va a ser una práctica universal ni generalizada».

«Hay supuestos en los que se aplicará y en otros supuestos se aplicará el sistema de incentivos fiscales», ha recalcado Sánchez en respuesta al diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas, que le ha acusado de «decir una cosa y hacer otra» y de «claudicar ante las medidas populistas de Podemos».

La ministra de Agenda Urbana ha negado que el anteproyecto de ley se vaya a presentar «sujeto a presiones», y ha sostenido que es «fruto del consenso» y de «meses de análisis y trabajo riguroso para encontrar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la vivienda».

Ha subrayado que la ley va a «garantizar la seguridad jurídica, remover ineficiencias y establecer el marco para que las comunidades autónomas puedan adoptar las disposiciones y programas más adecuados».

«Es una ley garantista, que se aborda extremando el rigor jurídico, sobre todo para que no quepa ninguna duda sobre su constitucionalidad», ha recalcado Sánchez, convencida de que considerar que la vivienda «no es un mero bien de mercado no significa que se vulnere el derecho a la propiedad».

A su juicio, ser propietario implica unos derechos pero también obliga a «hacer un uso adecuado de la vivienda conforme a su calificación y su estado y a no desviarla del interés y la función social que le corresponde».

En esa línea, la ley considerará el parque público de vivienda social como patrimonio sujeto a permanente protección y no podrá ser enajenado, como se ha producido en el pasado.

Vivienda vacía

Definirá la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años, en caso de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y que dará la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI.

La ley también pretende mejorar la situación de las familias vulnerables que son objeto de desahucios, garantizando la comunicación efectiva y rápida entre los jueces y los servicios sociales para protegerlas.

Otras medidas que ha destacado la ministra son la reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler.

Ha confirmado, asimismo, que la declaración de zonas de mercado tensionado implicará a las administraciones competentes con la elaboración de un «plan de acción» para corregir esas situaciones, además de establecer sistemas de contención y bajadas de precios.

Ley sin efecto en Madrid

Madrid se ha plantado ante la deriva bolivariana que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez. Ni la Comunidad, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ni el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida van a regular el precio de los alquileres ni penalizar a las viviendas vacías con una subida del IBI.

En el mismo día de principios de octubre en el que el Ejecutivo socialcomunista de Sánchez dio a conocer su nueva Ley de Vivienda, en la que los socialistas se han plegado a las exigencias más extremas de los podemitas para lograr un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Ayuso y Almeida se apresuraron a aclarar que esa legislación quedará sin efecto en Madrid, porque sus respectivas administraciones son las competentes para su aplicación.

Además, el PP considera que la obligación de reservar un 30% de toda nueva promoción de vivienda a vivienda protegida, que prevé el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la nueva Ley de Vivienda, supone una «expropiación» y algo propio «de país comunista por principio».

El sector, en contra

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la futura Ley de Vivienda no fue bien recibido por los diferentes players del sector del alquiler. En general, los expertos coinciden en que la limitación de los precios de alquiler provocará el efecto contrario al que prevé. Así, adelantan que los inversores saldrán del país, se reducirá la oferta y, por tanto, aumentará el precio medio de alquiler.

Desde el sector defienden que limitar los precios de los alquileres va a tener consecuencias como: encarecimiento de la vivienda e impulso de la economía sumergida; discriminación del inquilino con menos capacidad económica; inseguridad jurídica; abandono del parque de alquiler y espantada de la inversión en nuestro país, perdiendo así el atractivo. De hecho, vaticinan que habrá mayores dificultades de acceso para los colectivos con menores recursos, como los jóvenes o familias en situación de vulnerabilidad.