Ley Celaá y «justicia fiscal»: el enésimo intento de adoctrinamiento
Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados (@diebarcelo)
De alguien que considera que “los hijos no son de los padres”, solo puede esperarse el ataque a la libertad individual. Mucho más si esa persona integra un gobierno con componentes antisistema, que actúan contra nuestro Estado de Derecho y sistema de libertades.
El error que cometemos como sociedad es permitir que los políticos tengan un papel tan importante en la configuración del sistema educativo. Ellos deciden, entre otras cosas, cuántos días por año y cuántos años hay que estudiar, qué contenidos se deben impartir, qué libros cumplen con las normas oficiales, en qué idioma se dan las clases, qué cualificaciones tienen que tener los profesores y cuántos alumnos por aula puede haber. Los alumnos son sometidos a “la picadora de carne” común que son los programas educativos, pese a la enorme diversidad de intereses, habilidades y aptitudes.
«Los alumnos son sometidos a “la picadora de carne” común que son los programas educativos, pese a la enorme diversidad de intereses, habilidades y aptitudes»
La única ley educativa que deberíamos exigir es una que, además de unos contenidos mínimos iguales en todo el país, permita al equipo docente de cada centro qué materias impartir. Así surgirían escuelas orientadas al arte, a los idiomas, a los deportes, a las ciencias o a muchísimas cosas más, combinadas o no. Una ley que permita a los padres elegir si quieren que su hijo reciba el 100% de sus clases en español, catalán o esperanto, si encuentran una escuela que lo oferte. Una ley que defina cuántos euros anuales el gobierno destinará a la educación de cada alumno, y que ese dinero sea transferido a la escuela donde los padres decidan apuntar a su hijo (sea pública o privada, laica o religiosa, mixta o de un solo sexo, normal o especial). ¡Que los hijos son de los padres!
Los políticos, incapaces de ponerse de acuerdo en una ley de educación razonable en más de 40 años, ahora nos atacan con la peor de todas ellas. Una Ley Celaá que no disimula su intención de adoctrinar en el pensamiento único estatista y liberticida. Un solo ejemplo: en adelante, los alumnos de secundaria deberán comprender «el papel social de los impuestos y la justicia fiscal”.
«Primero debería probarse que la existencia misma de los impuestos es algo justo. Hasta ahora, nadie lo ha conseguido»
Antes de incluir tal contenido, primero debería probarse que la existencia misma de los impuestos es algo justo. Hasta ahora, nadie lo ha conseguido. El gobierno no es como un club, en el que los socios pagan una cuota para sufragar los gastos comunes. Nadie puede darse de baja del gobierno. Como no hay escape posible, la naturaleza de los impuestos se acerca más a la de un robo que a la de una cuota o donación voluntaria. Mucho más porque los impuestos se pagan bajo amenaza de castigo e incluso prisión, en caso de incumplimiento. ¿Es eso justo?
«La naturaleza de los impuestos se acerca más a la de un robo que a la de una cuota o donación voluntaria»
Como no es justo que existan impuestos, ningún tributo en particular lo es y hablar de “justicia fiscal” es un sinsentido. Tampoco existe el impuesto “neutral” (uno que, tras su aplicación, deje al mercado en iguales condiciones que antes de aplicarlo), por lo que todo impuesto, en mayor o menor medida, deja mejor a unos que a otros, reforzando su carácter injusto.
Lo anterior no impide admitir que, aun con un gobierno limitado a sus funciones esenciales, siga siendo necesario cobrar impuestos. En ese caso, la naturaleza del atraco permanecería, pero su daño minimizado.
«Que el mismo gobierno que gasta sin control, sube el IVA a los refrescos, crea un impuesto a los envases de plástico (…) pretenda meter en la cabeza de los chavales que todo eso es “justo”, es un intento de adoctrinamiento descarado, propio de un gobierno totalitario»
Pero que el mismo gobierno que gasta sin control, sube el IVA a los refrescos, crea un impuesto a los envases de plástico, sube el impuesto que grava todos los seguros que contratamos, aumenta el gravamen al diésel y desalienta el ahorro y la inversión con otras decisiones tributarias (subidas de IRPF y Patrimonio, tasas Tobin y Google), pretenda meter en la cabeza de los chavales que todo eso es “justo”, es un intento de adoctrinamiento descarado, propio de un gobierno totalitario.
El medio más seguro que Maquiavelo recomienda al Príncipe para mantener el control de una ciudad, es arruinarla. En lo económico, Sánchez e Iglesias lo están consiguiendo. Con la Ley Celaá, buscan la ruina moral e intelectual. Todo, para controlarte con más facilidad.
@diebarcelo